Unos Presupuestos Generales del Estado no creíbles

El Gobierno presentó el pasado 6 de octubre el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. En términos generales, se trata de unos presupuestos que siguen la línea de años anteriores, con una inversión pública regionalizable (la que se puede distribuir entre las distintas comunidades autónomas) de 2.309 millones de euros para Catalunya.

Se trata de una cifra superior en un 3,1% a la de 2022; y un peso sobre la inversión total regionalizable prevista en España del 17,2%, más cercano al objetivo del 19% (el peso que representa Catalunya sobre el PIB del conjunto del Estado) que en los Presupuestos de la década anterior (oscilando entre el 9,5% y el 13,4%) pero todavía inferior al nivel objetivo.

Sin embargo, las cifras de inversión realmente ejecutada son muy diferentes. La inversión liquidada en Catalunya sobre el total regionalizable en el Estado en los últimos seis años (2015-2021) se sitúa en el 10,8% de media anual. En 2021 representó un agravamiento de la situación, y el peso de la inversión liquidada en Catalunya cayó significativamente respecto a los años anteriores (9,0%).

En definitiva, si el porcentaje de inversión presupuestada en Catalunya se encuentra a un nivel inferior (pero relativamente cercano) al peso relativo que le correspondería en términos de PIB, el diferencial en términos de ejecución es mucho más elevado.

En la ausencia de ninguna transferencia del dinero finalmente no invertido por parte del Estado a la Generalitat, debe concluirse que los Presupuestos del Estado no tienen valor real como respuesta del Gobierno del Estado al déficit de inversión en Catalunya.

El proyecto de Presupuestos Generales 2023 nos anuncia una cronificación de los bajos niveles de inversión real detectados en 2021. Entre toda la documentación asociada al proyecto, se proporcionan las cifras de inversión prevista para 2022 para las empresas públicas y fundaciones, incluyendo Adif, que gestiona los grandes proyectos de infraestructura ferroviaria y representa una parte importante de la inversión en proyectos de infraestructura.

En el caso de esta empresa pública (se excluye de este análisis Adif-Alta Velocidad) en 2022 solo se esperan ejecutar 174 millones de euros, el 20,5% de lo previsto inicialmente en los PGE-2022. Fijamos nuestra mirada en Adif no solo por una cuestión de cuantía de inversión prevista, sino porque el plan de Rodalies representa actualmente el gran proyecto en marcha en nuestro territorio y que estaba pendiente desde hace muchos años.

Ahora bien, el ritmo de licitaciones y adjudicaciones asociadas al plan de Rodalies va en la línea de lo previsto en su programa de actuaciones inmediatas, y en base al que tendrá que empezar a materializarse, en los 2-3 años próximos, en (ahora sí) altas cifras de inversión. Esta realidad la están viviendo a diario los usuarios de Rodalies, con todo un conjunto de obras que están generando el correspondiente conjunto de afectaciones en el servicio.

Llegados a este punto, tocaría formular al Gobierno del Estado la siguiente pregunta: ¿los Presupuestos Generales del Estado son realistas y tienen detrás proyectos factibles, que permitan llegar a cumplir el objetivo establecido en su día en la disposición adicional tercera?

De lo contrario, resulta indispensable impulsar grandes proyectos de infraestructura para Catalunya. Y tenemos una lista larga de pendientes. En la Cambra ya hemos presentado los que consideramos prioritarios, para los que debe garantizarse el impulso y la tramitación, sin más interrupciones ni retrasos.

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