Calviño y la morosidad del Ibex

En 2008 el lingüista y gurú del Partido Demócrata norteamericano George Lakoff impactó al mundo de la política con 'No pienses en un elefante'. De la obra, se extraía una conclusión rotunda: los progresistas tienen que ser capaces de crear en el campo de las ideas sus propios terrenos de juego y fundamentar las respuestas.

Dicho de otro modo, no se tienen que retroalimentar los relatos conservadores, a menudo cargados de provocaciones políticas, con sus palabras y conceptos para evitar ir a remolque. Por eso, sorprende la actitud pasiva del actual gobierno progresista español a la hora de crear un marco regeneracionista que entierre la carencia de equidad empresarial que supone la morosidad de las gran empresas, la de las cotizadas en bolsa y la de las conformadas bajo protección del Ibex. Inoperancias gubernamentales que vienen de lejos y han permitido convertir en normalidad la rotura de la cadena de pago. ¿Cómo puede ser que desde los inicios del mandato Nadia Calviño se haya puesto de perfil hasta el extremo de preferir ser multados por la Unión Europea que hacer cumplir la ley? ¿Cómo puede ser creíble la recuperación económica si no se supera la lacra de la morosidad?

Efectivamente, dadas las características de la estructura empresarial de absoluta presencia de la pequeña y mediana empresa, la morosidad pone en riesgo 500.000 empresas, es decir entre el 15 y el 20% del tejido industrial del conjunto del Estado. Datos estremecedores publicitados por Antoni Cañete, presidente de Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que recuerdan cómo las empresas cotizadas cobran a 68 días -ocho días más del que marca la ley- y pagan a 193, tres veces más de lo que manda la ley; y las del Ibex cobran a 64 días y pagan a 183. En conclusión, se logran cifras de morosidad que superan los 100.000 millones de euros.

Se trata de unos recursos que pertenecen a los proveedores y constituyen un capital ilegítimo que permite a los usurpadores acceder todavía con más facilidad al crédito para refinanciarse o incrementar el valor de la inversión de sus accionistas por la recompra de sus propias acciones. Ilegitimidad, sí, y voluntad depredadora si se tiene presente que esta acumulación impropia se ha intensificado en los años pandémicos, justamente cuando más tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa se destruía y más planeaba la incertidumbre del endeudamiento.

Las señales de alarma están disparadas a raíz de la inutilidad de la Ley de Morosidad y de la inoperancia de la mayoría gubernamental que, haciendo un uso perverso del control de la mesa del Congreso, mantiene parada desde el 2020 la iniciativa que pondría fin de una vez por todas a la situación. Que todavía ahora no se disponga de un régimen sancionador que castigue los incumplimientos en los pagos es incomprensible, de igual manera que esconder el nombre de las empresas morosas se convierte en un atentado a la ciudadanía, que tiene el derecho a castigar como consumidor la irresponsabilidad social de estas empresas.

No nos engañamos, la negativa de la ministra a publicar las sanciones se explica porque la dejaría desnuda ante el escándalo de la no existencia del régimen sancionador que ella misma ha ido retardando, atendiendo al poder de unas empresas atrincheradas en una posición de dominio tan absoluta como para tener controlados al gobierno y al PP.

Recordaréis que hace unos años Nicolas Sarkozy, a raíz de la crisis financiera mundial, derrotó al Partido Socialista francés cabalgando el caballo de la urgencia de domar el capitalismo. Años después, desaparecido por inanición el socialismo francés, parece como si el progresismo español quisiera hacer el mismo fin renunciando a impedir la consolidación de los nuevos marcos fomentados por la derecha. A destacar dos muy actuales: el establecimiento de un pacto de rentas que no afecte los salarios y la participación de capitales privados en el sistema público de pensiones tal como postula el ministro José Luís Escrivá. Un ir a remolque de los marcos neoliberales que se explica por la nula voluntad de enterrar otros heredados como, por ejemplo, el de hipotecar un funcionamiento viable y sostenible de la libre competencia.

La solución está en manos de Calviño: aprobar de inmediato un régimen sancionador, aprovechando en trámite de ponencia la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, e impedir al mismo tiempo el acceso de las empresas morosas a los fondos europeos de reconstrucción.

Está claro, como dice Joan Capdevila, diputado reconocido por todas las fuerzas políticas como azote parlamentario en la batalla contra la morosidad, hay que tener el suficiente coraje político para dejar de decir amén a los poderes fácticos económicos.

Suscríbete para seguir leyendo