El Congreso avala por unanimidad un régimen sancionador para la morosidad

El pleno del Congreso ha avalado por amplia mayoría tramitar la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, que las pymes y autónomos llevan una década reclamando. La iniciativa ha contado con un total de 344 votos a favor y una sola abstención.

La proposición de ley prevé sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves. Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente.

A pesar del apoyo mayoritario que se han anunciado el PSOE, el PP, VOX, Unidas Podemos, ERC, PNV, Foro Asturias y la Cup, enter otros, la mayoría de grupos quieren introducir enmiendas para modificar un texto que también pide reformar la Ley del IVA, que era uno de los puntos en los que discrepaba el Gobierno. 

La iniciativa, defendida por el diputado del PDeCat, Ferran Bel, fue una de las medidas de consenso alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

Acuerdo con el PSOE

Hace solo un par de meses, el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las <strong>políticas de reconstrucción económica</strong> frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado la decisión del Congreso. A juicio de esta organización que preside Antoni Cañete,  el funcionamiento de esta norma en el futuro supondrá un "punto de inflexión" en la economía del país.

La organización advierte de que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos; el 70% tendrá problemas de liquidez, que aumentarán su morosidad, y en total requerirán de 238.000 millones de euros.

Esta organización junto con Pimec han sido las que más ha exigido un régimen sancionador. Y más desde que entró en vigor en el 2010 la ley que establecía el plazo legal de pago entre empresas en 60 días y en 30 cuando la contratista es la Administración. 

Cadena de pagos

Este es un paso imprescindible para tratar de evitar que la situación de crisis rompa la cadena de pagos, pues desde su plataforma estiman que el 70% de las empresas, grandes y pequeñas, tendrá problemas de liquidez que encarará con el retraso de sus pagos.

Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en el 2020.

Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.