'Catalangate': hay que asumir las responsabilidades

Muchos ya advertimos, hace unos cuantos años, cuando el proceso soberanista apenas empezaba, que el precio que se pagaría por no canalizar las demandas catalanas de reconocimiento nacional y más poder político y financiero sería la degradación de la democracia en España. El denominado "Catalangate”, que ha destapado la oenegé CitizenLab y que ha tenido una enorme repercusión internacional, es su última expresión. El “Catalangate” nos vuelve a interpelar sobre los límites de la democracia en España cuando se trata de abordar demandas políticas que desbordan los límites que fija la Constitución, singularmente en el ámbito del modelo de Estado. Desde este punto de vista, y sobre el fondo de la cuestión, hay preguntas relevantes y que tienen que ver con qué medios está dispuesto a utilizar el Estado para impedir que las demandas soberanistas catalanas prosperen y cuáles son los límites a la movilización social y la protesta ciudadana.

No son discusiones menores cuando hoy la tecnología puede llegar a ser tan intrusiva. ¿Es justificable que el CNI, bajo amparo judicial y apelando a la defensa de la integridad territorial del Estado, espíe el teléfono móvil de los cargos electos independentistas? ¿Los derechos y las libertades civiles fundamentales de los ciudadanos en una democracia liberal se pueden vulnerar en nombre de la defensa de la integridad territorial del Estado? Todo ello guarda todavía más relevancia si es posible cuando estamos hablando de prácticas de espionaje después de octubre de 2017, cuando el movimiento independentista había cometido el error de la DUI y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el encarcelamiento y el exilio del grupo dirigente habían liquidado cualquier amenaza real para el Estado, si es que en algún momento había existido. Pero este caso también nos interpela, otra vez, sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia del Estado. ¿Los servicios de inteligencia no deben estar sometidos al control democrático del Congreso de los Diputados, singularmente cuando hay en juego los derechos y las libertades de los ciudadanos? ¿Es la actual regulación de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el instrumento adecuado por este efectivo control político del CNI? Son cuestiones pendientes, que de manera reiterada van irrumpiendo en el debate político, pero que no han tenido una respuesta adecuada a lo largo de los años.

La denominada razón de Estado se impone. Desde este punto de vista, volvemos a constatar que en nombre de la razón de Estado tantos demócratas españoles olvidan las mínimas razones democráticas que un Estado debe preservar para ordenar la convivencia en sociedades plurales y complejas. Todo ello es también la expresión de las enormes debilidades de España para abordar la cuestión catalana y la paranoia que en determinados círculos de la capital domina sobre Catalunya. Y es que cuando la carencia de una idea sobre el ensamblaje de Catalunya en el proyecto español domina, la opción represiva y autoritaria se acaba imponiendo. Tampoco es ninguna novedad y es que, como también dijimos hace tiempo, la cuestión catalana también ha sido siempre la cuestión de la democracia en España. Cuando la razón democrática en España se ha impuesto se han encontrado las vías para encajar las demandas mayoritarias de la sociedad catalana.

Por otro lado, las consecuencias políticas del escándalo del espionaje a políticos escogidos democráticamente, activistas sociales, abogados defensores y periodistas, entre otros, están poniendo en juego la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez y la credibilidad del proceso de deshielo que los ejecutivos de Madrid y Barcelona habían iniciado con los indultos, la mesa de diálogo y la reanudación de las relaciones bilaterales entre las instituciones. No tiene ni pies ni cabeza, que el CNI, que tiene una dependencia del Gobierno español, espíe a los aliados parlamentarios de este mismo gobierno, cuando este mismo gobierno está intentando reconducir el conflicto político entre las instituciones catalanas y el Estado. Es de una estupidez monumental.

Hay que dar todas las explicaciones en sede parlamentaria y hace falta que alguien asuma las correspondientes responsabilidades políticas por este disparate. España se juega su credibilidad democrática, claramente debilitada y tocada por toda la dinámica abierta desde octubre de 2017. El Gobierno de Pedro Sánchez, la mayoría política y social que desde la moción de censura de 2018 le ha permitido gobernar. Y la vía del diálogo y la voluntad de acordar su solvencia. Si este gravísimo episodio no se cierra bien, solo ganarán los extremos a un lado y al otro y solo perderá la democracia española.

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