Catalangate

Los espiados con Pegasus se querellarán contra la empresa para aclarar si el CNI usó el software

  • Los abogados de los independentistas vigilados quieren indagar también en si la Policía Nacional o la Guardia Civil tuvo el programa a su disposición

Los abogados Antoni Alba, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye.

Los abogados Antoni Alba, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye. / David Zorrakino / Europa Press

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El independentismo activa la vía judicial para llegar al fondo del ‘Catalangate’. Los más de 60 espiados por el software israelí Pegasus presentarán múltiples querellas contra NSO Group, propietaria del programa, para que la justicia indague en qué agencias gubernamentales se han dotado de sus servicios y dilucidar si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional o la Guardia Civil está detrás de la vigilancia al soberanismo.

El anuncio fue a cargo de los abogados de los espiados (Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye, Benet Salellas y Antoni Abat i Ninet), algunos de ellos defensa y parte afectada, ya que constan en la lista de titulares de dispositivos telefónicos que fueron infectados según Citizen Lab. En el Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB) se reunieron también miembros de ERC, Junts y CUP, así como de Òmnium Cultural y de la ANC.

Las querellas se dirigirán al Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que ya tiene una investigación abierta desde hace un año y medio por el espionaje al expresidente del Parlament y ahora ‘conseller’ de Empresa i Treball Roger Torrent y al concejal de ERC en la capital catalana, Ernest Maragall. Este juzgado espera datos de Israel y de Irlanda, después de que el magistrado enviara comisiones rogatorias a esos dos países para intentar aclarar quien hackeó los teléfonos móviles de estos dos dirigentes republicanos. La petición de información iba destinada a NSO Group, con domicilio fiscal en Israel, y a la propietaria de WhatsApp, con sede en Irlanda. Esta aplicación alertó del ataque informático a Torrent y a Maragall.

En otra causa abierta en California contra NSO Group por espionaje, la compañía aseguró que antes de vender Pegasus realiza un expediente del comprador para detectar usos indebidos y que custodia a posteriori que se respetan los derechos humanos. Las querellas pretenden alegar que NSO Group tiene una “falta de control” sobre el uso que hacen los clientes de su programa para descubrir quién las usó y, de no ser suficiente, que se considere a la compañía “cooperadora necesaria” porque la información de los dispositivos móviles podría pasar por sus terminales antes de llegar al órgano que espía. 

La vía europea

"No tenemos dudas de que las agencias gubernamentales españolas han participado", ha señalado Salellas, que ha exigido a la justicia y a la Fiscalía que "no rechacen su obligación" de investigar a "todas las agencias gubernamentales españolas”. 

Después de destaparse que hay decenas de personas más vigiladas con el mismo software, los abogados confían en que se apreté el acelerador para que la investigación avance rápido y tome nuevas coordinadas, con el objetivo de aclarar si fueron organismos del Estado los que usaron Pegasus para espiar al independentismo. Van den Eynde ha apuntado que la ciudadanía debe presionar para que los implicados den explicaciones y, a la vez, “para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen".

“Las primeras consecuencias jurídicas van a llegar desde fuera del Estado", ha vaticinado Boye, dando por hecho que el espionaje de este tipo es "un delito de manual" y que el eco en Europa puede ser favorable a los intereses de sus clientes, también de aquellos con causas abiertas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como el ‘expresident’ Carles Puigdemont, pendiente de la resolución sobre su inmunidad. 

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"En Europa no se va a entender que un Estado democrático espíe al independentismo. Ningún magistrado puede justificar lo que es ilegal", ha insistido, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificara las técnicas de seguimiento por parte de un Estado al tener en frente el desafío independentista.

Sobre la investigación abierta contra el informático que destapó el 'Catalangate' Elies Campo por presuntamente estar detrás del Tsunami Democrátic, Van den Eynde ha insistido que eso no justificaría la vigilancia a través de Pegasus.