Pegasus es un problema y no la solución

Las últimas revelaciones del Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto, sobre el presunto espionaje a 67 dirigentes de partidos independentistas catalanes a través del programa informático Pegasus han sacudido el mapa político a base de denuncias de hechos que serían claramente delictivos en cualquier democracia y que deben ser investigados donde corresponda. La investigación que lleva a cabo un juzgado de Barcelona debe llegar hasta el final y la fiscalía debe defender los derechos fundamentales de las víctimas del espionaje como ciudadanos de un Estado de derecho que son en virtud de la nacionalidad española que ostentan.

Y lo mismo si, como se anunció ayer, se presentan nuevas denuncias y se abren nuevas causas. Eso debería agilizarse y no entretenerse por ninguna de las partes implicadas. Y el resto de instituciones del Estado, empezando por el Gobierno, tienen el deber de colaborar con la justicia y, si es el caso, de impulsar que se aclaren las responsabilidades políticas por acción o por omisión que pudieran derivarse de los hechos que resulten probados. En este sentido, es positiva la petición de comparecencia que ya ha formulado en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar las sombras que planean sobre el CNI en este asunto.

Una parte del independentismo pretende usar propagandísticamente estas sospechas, a partir de un silogismo: si Pegasus es un programa de escuchas telefónicas que solo pueden adquirir los gobiernos y se ha probado que se ha usado con los terminales telefónicos de 67 independentistas, el responsable es indudablemente el Gobierno español y si algunos de esos pinchazos se hicieron en el año 2019, Pedro Sánchez no es de fiar para dialogar. Exigir que se investigue es preceptivo, adelantar los resultados y pedir actuaciones políticas en consecuencia en simplemente un apriorismo de los que, legítimamente, no creen en el diálogo.

Eso solo sirve para presionar a Esquerra para que deje caer al Gobierno de coalición. Una posición también legítima políticamente pero que difícilmente puede convencer a quien no estuviera convencido previamente. Esquerra ha reaccionado sin tirar la toalla del diálogo pero siendo exigente con el Gobierno de Sánchez. Y este debe responder ayudando a aclarar los hechos, colaborando con la justicia, depurando responsabilidades políticas si las hubiere y apostando una y otra vez por la desjudicialización de la política en Catalunya y por el diálogo con contenido. En este sentido sería todo un signo de normalidad que se convocara la mesa entre gobiernos para fraguar algunos acuerdos con contenido de importancia que están en un momento avanzado de negociación.

La opinión pública en Catalunya y en España debería ser capaz en un asunto como este de eliminar ruido. Silenciar este asunto no hace más que dar alas a la versión más agria del independentismo, la que se victimiza cuando se cometen excesos pero también cuando no existen. Y el Estado debería tener más confianza en sí mismo.

Las escuchas telefónicas en busca de presuntos hechos delictivos es perfectamente legal bajo autorización judicial. No hace falta, pues, acudir a métodos ilegales. Si no se sigue ese camino legal es que lo que se persigue son las ideas o las formaciones políticas para obtener ventajas en la confrontación democrática. Y si alguien piensa que esa es la solución, debe tener claro que es el problema, porque desacredita a las instituciones y porque, además, actúa de elemento cohesionador de un independentismo que se debate entre la institucionalidad y el activismo.