Maldito IPC

No hay cohesión social posible con las actuales políticas de vivienda. Lo dicen desde hace años todos los expertos, y lo repite Cáritas en su informe anual sobre la pobreza. Cáritas alerta de un aumento sin precedentes de la exclusión social en Catalunya, el 29% de la población, y de cómo la falta de vivienda o la imposibilidad de poder pagarla son un factor determinante.

Maldito IPC, piensa hoy todo el mundo que vive de alquiler. Si no se modera, y la medida impulsada por el Gobierno español de limitar al 2% la subida de los alquileres no se prorroga, las consecuencias serán dramáticas. Lo saben bien en las grandes ciudades del área metropolitana, donde las demandas de ayudas para pagar los alquileres o los suministros tienen colapsados los servicios sociales. Aunque señalen acertadamente que en materia de vivienda la responsabilidad última es de la Generalitat, exceptuando Barcelona la mayoría de municipios tampoco le han dado al tema la centralidad que requería. Quizá el caso más sangrante sea el de L’Hospitalet, ciudad todavía hoy sin política de vivienda –y con un concejal de vivienda acusado de estafa–, pero inmersa en una burbuja inmobiliaria, y donde se están rompiendo todos los récords tanto de nuevas promociones como de aumento en el precio de la vivienda.

La emergencia habitacional en L’Hospitalet era ya muy grave sin la inflación disparada. Tanto las diferentes plataformas antidesahucios de la ciudad, como las trabajadoras sociales denuncian desde hace tiempo que el parque de viviendas de alquiler social es ridículo. No se entiende que mientras el ayuntamiento impulsa grandes operaciones urbanísticas como la del PDU Gran Vía, la única medida anunciada, desde 2019, para movilizar para alquiler social alguno de los casi mil pisos vacíos que tienen en la ciudad la SAREB y los bancos y fondos buitre sea subirles el IBI. Es difícil explicarle a tanta gente desesperada, o que vive hacinada, que no se puede hacer nada más. Mejor echarle la culpa de todo al IPC.

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