Inmersión, punto final

Se equivoca quien crea que estamos ante un nuevo capítulo del debate interminable sobre el sistema lingüístico de la enseñanza en Catalunya. Esta vez, el modelo inmersivo obligatorio se acerca a su final porque la sentencia del TSJC insta a la Generalitat a cumplirlo “de manera efectiva e inmediata”. El mandato de la justicia es taxativo y no podrá eludirse. O lo hará el actual 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, o la persona que lo sustituya si se empeña en el desacato. Es muy grave que haya alentado por carta a todos los centros educativos a incumplir una sentencia en firme. Y aunque el Gobierno español haya afirmado que no está obligado a actuar, lo cual es cierto porque quien debe hacerlo es el Govern, cualquier ciudadano afectado o entidad, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, podrá reclamar la ejecución de la sentencia. Además, los términos de la misma son muy claros: el alcance de un mínimo del 25% en castellano afecta a “todos los alumnos”, no solo a aquellos que lo pidan, lo cual conduce a modificar los llamados “proyectos lingüísticos de centro”, que es desde donde se impone el modelo monolingüe amparándose en que la legislación catalana excluye de facto el castellano, pero ignorando deliberadamente que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la preferencia por el catalán no puede suponer la exclusión del castellano como lengua docente.

Clarificada la batalla legal, cuesta entender tanta cerrazón ante un mínimo de presencia del castellano. Cuesta entender que se presente como un ataque al catalán que la otra lengua de los catalanes, el castellano, tenga derecho a un poco de espacio en la escuela. Es un problema pedagógico, pero también de afectos hacia las familias castellanohablantes. Y es ridículo que las autoridades de la Generalitat y las fuerzas soberanistas digan que llevarán el asunto ante el Consejo de Europa o a la Comisión Europa. Háganlo, y a ver cómo explican que Catalunya sea el único lugar en el mundo donde una lengua socialmente mayoritaria, que es también oficial porque así lo dice la Constitución y el Estatut, no sea lengua de enseñanza. Es una anomalía que, en efecto, no ocurre en ningún otro lugar del mundo. En los territorios bilingües hay escuelas bilingües. Por otro lado, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ya solicitó en dos ocasiones informaciones, tanto a la Generalitat como al Gobierno español, sobre los derechos de los niños castellanohablantes a escolarizarse en su lengua materna. En Catalunya se quiso que el catalán fuera el centro de gravedad del sistema educativo, para compensar su posición de lengua menos hablada (que no minoritaria). El polémico 25% no lo cuestiona, por mucho que los nacionalistas planteen la cuestión como un drama existencial. Cúmplanlo y cerremos el cansino debate. 

En realidad, todo el mundo sabe que una asignatura troncal en castellano no va a hacerle ningún daño al catalán. Que ahora mismo lo importante para el futuro de esta lengua es su presencia en las plataformas audiovisuales y en las redes. Tanta obstinación solo se entiende porque la querella escolar no va de lenguas, sino de identidad. Los nacionalistas buscan con una educación 'solo en catalán' equilibrar el papel de la familia y de los entornos sociales en el proceso de transmisión cultural y de construcción de la identidad. Convierten la lengua en un marcador territorial para reforzar el 'nosotros' frente al 'ellos'. Temen que, con una educación bilingüe, más interactuación con los jóvenes del resto de España y una visión desacomplejada de nuestra historia común, la escuela contribuiría a construir una identidad compartida catalanoespañola. Y eso, claro está, perjudicaría sus opciones electorales y disminuiría el deseo de la independencia entre las nuevas generaciones. Las cosas evidentemente son más complejas, pero algo de razón tienen: en todos los procesos de nacionalización la escuela juega un papel clave. Por eso desde el federalismo, ni por razones pedagógicas ni políticas, se puede apoyar un modelo monolingüe. Bilingüismo en Catalunya y plurilingüismo en España van de la mano. Es muy positivo que el PSC por fin lo haya entendido y Salvador Illa defienda abiertamente la aplicación de la sentencia del 25%. 

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