La voluntad de un pueblo

El factor común de los nacionalpopulismos que cabalgan por Europa desde el último ciclo de crisis económica es la invocación a un ‘demos’ (pueblo) no sujeto a ningún contrapoder y que choca frontalmente con las reglas de juego de las democracias. Este ‘demos’ abstracto no solo colisiona con las democracias representativas, de carácter liberal y deliberativo, sino que rechaza la separación de poderes y propugna reforzar el poder ejecutivo para dar alas a una democracia autoritaria (un oxímoron).

Estos nacionalpopulismos, de todo signo y bandera, nacieron de la “tormenta perfecta”, en expresión del ‘president’ Montilla, que se desencadenó en otoño de 2008. En su gestación intervinieron dos factores ambientales de carácter general –la magnitud de la crisis y la ola de repliegue identitario que generó- y un tercer factor, de carácter local, ligado a la agenda de cada país. Un ‘totum revolutum’ que, en el plano de la Unión Europea, está detrás de fenómenos como el Brexit o el actual pulso con Polonia y Hungría.

Los populismos soberanistas de la última década no cuestionan solo el ordenamiento jurídico de la UE, sino que ponen en entredicho la existencia misma de un núcleo duro constitucional, en el plano nacional y europeo, que no está sujeto al canto de las sirenas de la demagogia: respeto de los derechos humanos, libertad de expresión, abolición de la pena capital, salvaguarda de las minorías, leyes contra la violencia de género y la homofobia, separación de poderes... La voluntad de un ‘demos’ abstracto se convierte así en el ‘principio democrático’ que se antepone a las reglas de juego de la democracia.

Se trata de un fenómeno que se reproduce en distintos países. Este es el caso de Francia donde el tertuliano Éric Zemmour es el candidato de moda de cara a las presidenciales de 2022. Diplomado en Sciences Po y excronista de ‘Le Figaro’, aboga por “relegitimar la autoridad y la disciplina”, “civilizar a los bárbaros” y “regenerar la democracia”. Para hacerlo, olvida su formación académica y cuestiona la separación de poderes: “Tenemos contrapoderes que se han convertido en el poder, es decir, la justicia, los medios de comunicación y las minorías. Tenemos que quitar el poder a esos contrapoderes”.

Sí, como decíamos al inicio, un ‘demos’ abstracto contra las reglas de juego de la democracia misma. Es un denominador común de los nacionalpopulismos de la última década. El llamado ‘Procés’ independentista es uno de ellos. Artur Mas concurrió a las elecciones catalanas de noviembre de 2012 reclamando una “mayoría excepcional” y esgrimiendo un eslogan: “La voluntat d’un poble”. Su imagen, con los brazos abiertos, un mar de ‘senyeres’ y una ‘estelada’, fue el pistoletazo de salida del ‘procés’.

El ‘president’ Mas no solo fracasó en el intento (perdió 12 diputados), sino que tres años después fue enviado “a la papelera de la historia” por la CUP: votó contra su investidura como candidato de JxSí en las elecciones de setiembre de 2015 y eligió ‘in extremis’ a Carles Puigdemont. Sin embargo, la lógica de aquel eslogan marcó la hoja de ruta independentista hasta los hechos de setiembre y octubre de 2017: las leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum de autodeterminación y la posterior declaración de independencia.

La República catalana se constituía como una ‘democracia popular’, sin contrapoderes, ni de puertas adentro ni de puertas afuera; tampoco en Europa

A los textos me remito. En la Resolución sobre el inicio del 'Procés', del 9 de noviembre de 2015, el Parlament esgrime el “mandato democrático” de las urnas, “apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado” e “insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta Cámara”. En julio de 2016, en las Conclusiones de la Comisión de Estudio del 'Procés', se precisa que las decisiones de la 'Assemblea Constituent' “serán de cumplimiento obligatorio para el resto de poderes políticos y para todas las personas físicas y jurídicas”.

“Ninguna de las decisiones de la 'Assemblea' no serán tampoco susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal”, se añade. Es decir, la República catalana se constituía como una ‘democracia popular’, sin contrapoderes, ni de puertas adentro ni de puertas afuera; tampoco en Europa. Todo un signo del carácter iliberal del nuevo régimen que se proponía construir, en sintonía con las derivas de los nacionalpopulismos en escena.

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