La cuenta atrás de los indultos

Los indicios se acumulan para señalar en rojo el día 22 de junio, este martes, como la fecha en la que el Consejo de Ministros se debería reunir para aprobar la concesión de los indultos a los políticos catalanes responsables del desastre de octubre de 2017 que se quedaron a expensas de la justicia en lugar de cruzar la frontera, y que ya han cumplido más de tres años de prisión. La convocatoria de otro consejo en la misma semana para aprobar el levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos y la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con el de la Generalitat, Pere Aragonès, antes que acabe el mes, dejan pocas alternativas en el calendario. 

Ni hay alternativas ni tampoco hay razones para demorar una decisión anunciada. No parece que, tras meses de debate, y analizados a fondo los argumentos sesgados políticamente del informe negativo de la sala del Tribunal Supremo que firmó la sentencia condenatoria, la necesidad de aprobar la medida de gracia de forma técnicamente impecable pueda explicar ninguna dilación. El camino ha quedado también razonablemente despejado tras el paso atrás dado desde los sectores del PSOE más reticentes, la anémica demostración de fuerza de las derechas en la plaza de Colón y su soledad ante la sucesión de pronunciamientos a favor de los indultos de los últimos días, como los de los sindicatos, los obispos catalanes, el presidente de Cercle d’Economia –sin ambigüedad alguna– o –con más precauciones– el presidente de la CEOE. El temor al coste político de los indultos quizá deba relativizarse, y quizá la sociedad española esté más preparada para comprender esta decisión –especialmente si viene seguida, también sin dilación, de gestos efectivos y constructivos de distensión.

Precisamente, en la reunión anual del Cercle d’Economia, tanto Sánchez como el presidente de la entidad, Javier Faus, sumaron un argumento más al debate: la contribución que supondría la medida a la paz social, necesaria para aprobar las reformas adecuadas para ir pasando las sucesivas pantallas que den acceso a los fondos europeos y conseguir que se plasmen realmente en políticas de reconstrucción y modernización de la economía española.

La justicia ya dictó su sentencia sobre los responsables del ‘procés’ que no se evadieron de la acción de la justicia. La concesión del indulto –en tanto que parcial y condicionado– no lanza el mensaje de que queden exculpadas unas acciones que vulneraban el Estatut y la Constitución y conducían a la confrontación entre catalanes y entre Catalunya y el resto de España. Sí dice con claridad que se abre el momento para buscar soluciones y salir de una enconada parálisis.