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Reformas, calendario y ejecución

Los cambios en materia laboral, fiscal y de pensiones exigen al Gobierno tejer alianzas indispensables para la llegada de los fondos europeos

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El Periódico
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, en una imagen de archivo

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, en una imagen de archivo / Victor Lerena / EFE

El Gobierno español ha publicado los detalles del plan de recuperación, incluido el calendario de las reformas, condición indispensable para acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos 'Next Generation UE'. Tratándose de asuntos que afectarán de forma directa a los ciudadanos, era un ejercicio de transparencia necesario, pero empañado por el hecho de que esta información remitida a la Comisión Europea ha permanecido oculta a la opinión pública hasta que Bruselas emplazó el pasado lunes a los estados miembros, incluida España, a publicarla. Pretender llevar a cabo unos cambios normativos tan importantes sin ofrecer desde el principio una clara y completa presentación de los objetivos y las fechas para llevarlos a cabo no es el mejor punto de partida para su buen desarrollo.

Los tres grandes ámbitos sobre los que girarán las reformas son empleo, impuestos y pensiones. La reforma laboral será prioritaria, ya que la intención es cerrarla este 2021, mientras que para la reforma fiscal el plazo se alarga a 2023, y la de las pensiones, los cambios serán más graduales, a partir de 2022. En los tres, el Gobierno incluye propuestas para avanzar en lo que solicita la UE -la que aporta los fondos y a quien habrá que rendir cuentas-, y pretende poner fin a algunos desequilibrios de la economía española. Hay propuestas sensatas, como la armonización del impuesto de patrimonio para evitar la competencia entre autonomías, o eliminar gastos impropios del sistema de cotizaciones de la Seguridad Social (como la prestación por cuidado de hijos), que deberán financiarse con impuestos, lo que quitaría presión al sistema de pensiones. En otras propuestas es previsible un mayor rechazo, como las que puedan afectar al poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros (el Gobierno no ha concretado qué fórmula quiere aplicar para garantizar la sostenibilidad del sistema). La fiscalidad verde, aunque sea por un beneficio común, también encontrará detractores en medidas como el impuesto al gasóleo o el pago por uso de carreteras, basado en el principio de quien contamina paga.

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Son 102 reformas para las que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita de la concertación con el resto de fuerzas políticas y los agentes sociales. El calendario presentado este miércoles no puede quedarse en buenas palabras, huecas de una estrategia política para ejecutarlas. Escudarse en la falta de apoyos no servirá de excusa. Es imperativo que el Ejecutivo busque las alianzas necesarias: la UE revisará semestralmente la ejecución del plan presentado, y el desembolso de los fondos estará condicionado a su cumplimiento. Las consecuencias de una parálisis en la llegada de los fondos por la falta de diálogo social y político son inconcebibles. De hecho, los Presupuestos para este año ya contemplan la entrega de 25.000 millones. Conocido el calendario, hay que trabajar para su ejecución.