Catalunya, en un limbo

Sin que en Catalunya se haya decretado un confinamiento total ni una restricción absoluta de la actividad social, el Govern de la Generalitat ha aplazado al 30 de mayo las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. Es una decisión para la que el Ejecutivo cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria excepto el PSC. Esta falta de pleno consenso hace vulnerable la decisión, ya que es susceptible de ser recurrida en los tribunales por particulares y partidos políticos. El PSC ya ha advertido de que se guarda el derecho de acudir a los tribunales si el cambio implica, a su juicio, un cambio de las reglas del juego como, por ejemplo, la inclusión de nuevas candidaturas o coaliciones. Ni las formaciones partidarias de retrasar las elecciones ni los socialistas han sabido flexibilizar su postura, por lo que el escenario en Catalunya difiere del que se dio en el País Vasco y en Galicia, cuando en abril del pasado año el aplazamiento electoral contó con el apoyo de todos los partidos. Aun así, ya entonces una decisión de este calado despertó muchas dudas desde un punto de vista legal.

El hecho de que la ley orgánica del régimen electoral no recoja la posibilidad de postergar unas elecciones genera esta incertidumbre. Es lícito exigir que el decreto de la Generalitat defienda derechos fundamentales como el de la participación política, con el objetivo de blindar las disposiciones desde un punto de vista legal para evitar una intervención de la Junta Electoral Central (JEC), pero a nadie se le escapa que estas son aguas muy ambiguas a causa de lo inédito de la situación. No es buena noticia de por sí el retraso electoral, así que cabe exigir rigor, respeto escrupuloso a la ley y responsabilidad en la arquitectura legal del cambio de fecha, tanto a los redactores de la norma como a los hipotéticos recurrentes. La judicialización del proceso electoral sería un escenario desalentador.

La fecha del 30 de mayo genera muchas dudas. La primera, que es difícil abstraerse del hecho de que el cálculo electoralista ha tenido peso en la postura de casi todos respecto a la conveniencia o no del retraso. Un oportunismo incomprensible. Además, no hay garantías de que el 30 de mayo la situación epidemiológica sea mejor que hoy y pueda celebrarse la votación ni de que se adecue el dispositivo electoral. Hasta entonces, con el Parlament disuelto, el Ejecutivo debe articular mecanismos para que pueda ejercerse el control de su acción de gobierno, especialmente en lo referente a la pandemia.

Este retraso no es bueno para Catalunya. Con un Govern profundamente dividido en una lucha por el mismo espacio político y un ‘president’ al que no se le permite todas sus atribuciones, Catalunya debía certificar el 14-F en las urnas el inicio de una nueva etapa. En su lugar, tenemos un Govern amortizado en un limbo. Un pésimo panorama.