El Govern aplaza las elecciones en Catalunya al 30 de mayo con la única oposición del PSC

La fecha de las próximas elecciones catalanas sigue retrasándose, un año después de que el entonces 'president', Quim Torra, diera por finiquitada la legislatura anticipadamente. Esta vez es el impacto del covid-19 lo que ha servido como argumento al Govern para decretar, previo pacto con la mayoría de las fuerzas parlamentarias que la cita con las urnas se posponga del 14 de febrero al 30 de mayo. La decisión de postergar los comicios concitó un amplio acuerdo en la mesa de partidos, pero la nueva fecha no alcanzó la unanimidad porque el PSC quería que se votara antes de Semana Santa, el 14 o el 21 de marzo. Los socialistas rechazaron la decisión tomada porque, a su juicio, no atiende a motivos sanitarios, sino a intereses partidistas, y se reservan el derecho a recurrir a los tribunales si el Ejecutivo catalán reabre trámites electorales ya cerrados, como la presentación de candidaturas y coaliciones. De momento, el Govern solo anticipó una modificación obvia: el censo deberá actualizarse.

En una reunión vespertina extraordinaria, el Gabinete en funciones acordó y firmó el decreto de aplazamiento de los comicios. El blindaje legal es una de las claves, por lo que en la comparecencia (sin preguntas de los periodistas), el vicepresidente con funciones de 'president', Pere Aragonès, y la 'consellera' de Presidència y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, citaron varias bases legales para justificar la decisión.

Primero, el informe que Torra encargó a la Comissió Jurídica Assessora, en el que se considera que la ausencia de una disposición "expresa" en la ley electoral sobre este tipo de prórrogas, "no ha sido un obstáculo" para entender que esta suspensión se puede decidir. Los servicios jurídicos del Govern elaboraron otro informe que insistía en esta misma posibilidad, y el Ejecutivo sostiene además que el decreto por el que se convocaron las elecciones del 14-F preveía el escenario de un cambio de fecha debido a la pandemia.

¿Medidas insuficientes?

Sobre si el Govern, en todo caso, estaba preparado para celebrar el 14-F, Aragonès afirmó que lo tenía "todo a punto", pero que la evolución de la pandemia ha hecho que mantener la cita fuera "un riesgo inasumible". En cambio, Budó citó a la Conselleria d'Acció Exterior -encargada de los procesos electorales y en manos de Esquerra- para afirmar que "las medidas adoptadas" hasta la fecha eran "insuficientes". De hecho, según fuentes conocedoras de la reunión, en la cita matinal con los partidos, Aragonès reconoció que los protocolos diseñados "no son suficientes", algo que también le afeó buena parte de la oposición.

A partir de ahora, el Govern deberá detallar qué cambia y qué se mantiene cara al 30 de mayo. Su criterio básico es que se puedan convalidar las decisiones ya tomadas (candidaturas y avales), actualizar el censo y permitir nuevas ofertas electorales o coaliciones. Unas modificaciones que incluso Junts ve "peculiares" y que el PSC estudiará con lupa por si alteran "las reglas del juego".

Tras una semana de informes sanitarios y reuniones constantes entre partidos y Govern, el Parlament acogió la cita definitiva en la que pese a las reticencias se pactó retrasar la fecha de las urnas. Según fuentes presentes en la reunión, la nueva cita se decidió siguiendo la evolución de las curvas epidemiológicas -cada ola suele durar seis semanas- y teniendo en cuenta tanto el descenso de las temperaturas en primavera, como el plan de vacunación, que el 30 de mayo prevé haber alcanzado entre el 9% y el 30% de la población de Catalunya. Las predicciones del Departament de Salut auguraban que el 14 de febrero habría entre 3.000 y 4.000 casos positivos por covid-19 diarios y entre 620 y 750 pacientes en las ucis.

El PSC se opone

"Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y más aún al 30 de mayo porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos", espetó tras el cónclave el líder del PSC, Miquel Iceta. "Queremos leer el decreto porque una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra es cambiar las reglas del juego", añadió, y puso en duda del encaje legal de dejar abierta la convocatoria a nuevas candidaturas. "No se pueden reabrir plazos ya agotados", advirtió. Una vez hecho público el decreto, fuentes socialistas afirmaban que contenía elementos que generan "una gran inseguridad jurídica respecto a un derecho fundamental".

Vox también amaga con un recurso al aplazamiento aunque duda de que tenga recorrido legal: "Si encontrásemos un resquicio legal para recurrir, sin duda lo haríamos", aseguró el líder de la formación ultra, Santiago Abascal. De hecho, cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si considerara que se han vulnerado sus derechos políticos con esta suspensión.

Según el Govern, la evolución de las cifras de la pandemia hacían evidente la necesidad de posponer las urnas, pese a que no se dan los dos escenarios previstos inicialmente y pactados con el resto de partidos: un confinamiento total o una restricción absoluta de la actividad social. Por una vez, y en cuanto a la necesidad de aplazar los comicios, las dos trincheras del Govern han coincidido. No así la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, e incluso su polémico número dos, Joan Canadell, que defendieron (el presidente de la Cambra de Comerç mediante un tuit que después borró) la conveniencia de acudir a las urnas. Elsa Artadi, de Junts -que avala el retraso electoral- mandó un mensaje crítico a Exteriors, exigiendo que ante la nueva fecha "haya garantías de que, independientemente del momento de la pandemia en el que estemos, el dispositivo esté previsto".

Los protocolos que diseñó la Generalitat para votar con seguridad en tiempos de covid-19 se mantendrán vigentes, aunque se podrán retocar porque la mesa de partidos seguirá reuniéndose de forma periódica hasta la nueva fecha de las elecciones.