30 nov 2020

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ANÁLISIS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, charla con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 21 de octubre en el Congreso. 

DAVID CASTRO

Lecciones de la pandemia

Eulàlia Vintró

Una vez superado el primer estado de alarma asistimos a un proceso de desescalada precipitado y, sobre todo, a una prácticamente nula actuación preventiva

Transcurridos más de siete meses después de la primera declaración del estado de alarma la ciudadanía ve incrementada su confusión, su desconcierto, su desconfianza y, en cierta medida, su indignación ante todo lo que está pasando y, muy especialmente, ante las medidas adoptadas por los políticos y cargos institucionales.

Hacer frente a un virus desconocido, de muy rápida transmisión por todo el mundo y que podía ser mortal requería, creo, priorizar la salud de todas las personas, dedicar el máximo de recursos a los profesionales y equipamientos sanitarios, organizar los mejores equipos científicos de asesoramiento sobre las medidas a adoptar, tener en cuenta y valorar los criterios de organismos internacionales, como la OMS, y de los países europeos, tomar las decisiones con el mayor consenso posible, impedir que la enfermedad se convirtiera en un inútil y escandaloso motivo de confrontación política, reducir los costes laborales y económicos que se derivarían de las medidas adoptadas, garantizar una información clara, objetiva, con datos fiables y capaz de empoderar la ciudadanía así como reclamar la solidaridad individual y colectiva, sin olvidar la apelación a los recursos europeos para paliar las consecuencias económicas que se vislumbraban.

Y si estas debían ser las medidas y las opciones a adoptar, es más que evidente que ha habido graves interferencias, numerosas limitaciones y incomprensibles alteraciones. Hoy, en medio de un nuevo estado de alarma, no parece que el panorama vaya a mejorar.

En efecto, una vez superado el primer estado de alarma, asistimos a un proceso de desescalada precipitado y causante de muchos contagios pero, sobre todo, a una prácticamente nula actuación preventiva para encarar el rebrote del virus que todos anunciaban para otoño. Ni incremento de personal sanitario en los CAP, ni capacidad de hacer PCR con rápida respuesta, ni mejoras contractuales y salariales a los profesionales de salud, ni formación y contratación de rastreadores, ni corrección del desastre informativo sobre los datos de la pandemia en todo el país… Es decir, no se han incrementado como hacía falta una buena parte de los recursos necesarios para reducir el rebrote y volvemos prácticamente al punto de salida con déficits y con mucha irritación.

Y sí, para mucha gente la prioridad debía ser la salud de todas las personas, para otras la economía debía ocupar esta ubicación o, como mínimo, compartirla. Para unos sin personas no hay economía, para otros sin economía no hay personas. Las presiones empresariales, políticas y sociales han sido y siguen siendo muy fuertes, aunque poco explicitadas, y el posicionamiento de la derecha, no pienso hablar de la ultraderecha, ha avalado reiteradamente esta equiparación entre economía y salud. No obstante los pactos y acuerdos se han producido entre empresarios y sindicatos bajo el aval y las aportaciones del Estado mediante la Ministra de Trabajo.

En cuanto al asesoramiento científico, tanto el Gobierno central como los autonómicos no dejan de asegurar que tienen comités científicos a su lado y que consultan y escuchan a tantos expertos como pueden, pero es casi imposible conocer los nombres de estas personas, saber sus opiniones y criterios y estar al día de las recomendaciones formuladas. Obviamente tampoco nos dicen cuáles asumen o cuáles no. Y esta falta de transparencia también se encuentra en los datos facilitados sobre la extensión del virus y las consecuencias; no son fiables, no se corresponden con la realidad y no nos dicen qué han hecho para corregir unas fallas impropias del siglo XXI.

Un último comentario sobre la indigna politización del virus. Ninguno de los países de nuestro entorno ha vivido un intento de aprovechar la salud de su ciudadanía para obtener unos réditos electorales más que discutibles. Desde Portugal a Alemania, gobiernos y oposiciones han puesto por delante el bienestar de sus pueblos y han ido acordando, con ligeras discrepancias, las medidas que eran necesarias para eliminar o reducir la expansión de la enfermedad. Aquí, no. Por un lado el Partido Popular, con graves y estridentes críticas, pasó de un primer apoyo al estado de alarma a una confrontación a menudo insultante a cualquier decisión del Gobierno, actitud que no ha corregido en ningún momento y que, ahora, tampoco piensa modificar. El caso de la Comunidad de Madrid es más que ilustrador. El caso de Catalunya tampoco es defendible. Después de asegurar que si hubiera tenido todas las competencias las cosas habrían ido mejor y habría muerto menos gente, una vez las ha tenido hemos sido los primeros en tener rebrote y rebrote muy grave, no hemos adoptado ninguna medida preventiva y ahora asistimos a la pelea interna entre los miembros del gobierno antes de tomar decisiones; priman los intereses electorales sobre la salud de la ciudadanía.

El suspenso es general. El bienestar de la gente y la salud de la democracia empeoran. ¿Hasta cuándo?