30 nov 2020

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Editorial

Unidad y responsabilidad social

Ante el probable estado de alarma es de esperar que esta vez se pueda aprobar y mantener sin zancadillas parlamentarias

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El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 25 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 25 de agosto. / JOSÉ LUIS ROCA

La situación es directamente crítica, sin rodeos ni medias tintas. El aumento desmesurado de la curva de contagios desde el puente del Pilar ha acelerado, en toda España, la percepción de que no estamos ante un repunte contenido, sino ante una auténtica nueva oleada de la pandemia que amenaza con la implantación de restricciones tan severas como las que vivimos a primeros de año. El fantasma de un nuevo confinamiento no es solo una posibilidad, sino una realidad tangible que pende sobre nuestras cabezas. La comparecencia del presidente Pedro Sánchez, en la que no anunció medidas concretas tras reclamar a la ciudadanía la «máxima disciplina» y un esfuerzo para «sacrificar la vida social», fue al mismo tiempo un llamamiento implícito a recabar apoyos para la declaración del estado de alarma.

La respuesta fue una sucesión de peticiones por parte de diversas comunidades autónomas, que fue creciendo a lo largo del día, para que el decreto de un nuevo estado de alarma confirme la seguridad jurídica de un toque de queda que restrinja al máximo la movilidad. Hay datos contundentes (como el índice de riesgo de rebrote, que ya se sitúa por encima de 600 en Catalunya, o como la incidencia de 348 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en España) y otros que advierten muy seriamente de una coyuntura muy complicada -como el aumento de la ocupación de camas y de ucis, con situaciones como las que recoge este sábado EL PERIÓDICO en el Hospital Vall d’Hebron- que avisan de unas semanas difíciles a las que solo podremos hacer frente con entereza y conciencia cívica.

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En el plano político, tanto la toma de posición del lendakari Urkullu como la oferta de colaboración de Ciudadanos o la petición del Govern de la Generalitat permiten augurar un cambio de registro en la gestión de la crisis. No se trata de volver a la recentralización de aquellos primeros meses ni tampoco de levantar trincheras territoriales por encima de la eficacia en la lucha contra la pandemia. Ante el inminente estado de alarma, es de esperar que se pueda mantener mientras sea necesario sin estar al albur de las zancadillas parlamentarias de marzo. Una solución drástica pero necesaria para poder responder con agilidad e intentar evitar el colapso.