06 abr 2020

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Gestión de los servicios públicos

Los voluntarios del comedor social y solidario preparan el menú del día en los fogones de Ca l’Isidret

¿Y después de la 'ley Aragonès', qué?

Joan Segarra

Apostamos por un marco de concertación que saque los servicios sociales de las lógicas del mercado, que hacen que se imponga el precio y abren la vía a la especulación. Porque en este tipo de servicios, cuando gana el precio pierden las personas.

Hace unos días caía la Ley de Contratos de Servicios a las Personas (mal llamada 'ley Aragonès') en la última fase de tramitación parlamentaria, después de un largo proceso de elaboración que algunos movimientos sociales intentaron frenar de forma radical. Un proceso que ha generado debates interesantes, y otros con grandes dosis de demagogia, sobre el modelo de gestión de los servicios públicos, su externalización y la relación de las administraciones con las entidades y empresas que los gestionan. Y es justo reconocer el buen trabajo de los diputados y diputadas responsables de la ponencia.

¿Qué sucederá ahora? En cierto modo, nada. La contratación de servicios a las personas seguirá regulándose bajo la ley estatal de contratos del sector público, como hasta ahora, con todas las disfunciones y consecuencias de un marco regulador que no asegura con suficientes garantías la calidad de los servicios. Lo cual significa que perdemos una oportunidad de regular desde Catalunya un tema estratégico para el país.

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Desde el Tercer Sector Social proponemos mirar adelante, pero merece la pena recordar las posibilidades de mejora que hemos perdido dejando esta ley en un cajón. Una ley que se quedaba corta en algunos aspectos, pero que tenía elementos positivos.

Se pierde la oportunidad de limitar al 30% el peso del precio en las licitaciones, lo cual habría ayudado a avanzar hacia la priorización de la calidad por encima de la oferta económica y a evitar rebajas o subastas que precarizan el servicio. Se pierde la posibilidad de reforzar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, garantía para las condiciones laborales de las profesionales, y de promover la responsabilidad social de los licitadores. Se pierde la oportunidad de reforzar la obligación de la Administración de controlar una vez adjudicado el servicio y, muy importante, se pierde el compromiso de regular la concertación social en un plazo de 18 meses.

Sin ánimo de lucro

La polémica ha puesto de manifiesto la necesidad de forjar consensos sobre el modelo catalán de gestión de los servicios públicos. El debate de fondo no está resuelto y la cuestión clave es si tiene sentido que se haga negocio con la gestión de servicios públicos de atención a las personas.

Desde La Confederació lanzamos una propuesta hace ya más de dos años fundamentada en las directivas europeas de contratación pública: un modelo de concertación social exigente con la calidad que asegure la no mercantilización de los servicios públicos y haga prevalecer el sin ánimo de lucro y los valores de la economía social. Este nuevo modelo no es una utopía. Es viable jurídicamente y así lo prueban todas las regulaciones autonómicas que, sin estridencias y al margen de colores políticos, han dado un paso adelante en ese sentido.

Apostamos pues por un marco de concertación que saque los servicios sociales de las lógicas del mercado, que hacen que se imponga el precio y abren la vía a la especulación. Porque en este tipo de servicios, cuando gana el precio pierden las personas.

Pedimos amplitud de miras, valentía política y voluntad de consenso para regular un marco de concertación que garantice que ningún operador privado, sea cual sea su forma jurídica, haga negocio con uno de los sectores más sensibles del Estado del bienestar. Un sector que, no lo olvidemos, emplea a más de cien mil personas en Catalunya y se ocupa de los colectivos más vulnerables. Hablamos de creación de riqueza colectiva, de fomento del tejido social y de garantía de derechos para la ciudadanía. No es poca cosa.