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EN FASE DE ALEGACIONES

'Ley Aragonès': Los sindicatos exigen limitar la externalización de servicios públicos

La Generalitat planea una ley que regula la contratación a terceros en sanidad, educación o dependencia

Entidades educativas y sanitarias ven un intento de privatizar, pero Economia y el sector social defienden la norma

Elisenda Colell Beatriz Pérez

Un comedor escolar en una foto de archivo.

Un comedor escolar en una foto de archivo. / JOAN PUIG

Una de las pocas leyes que va a liderar el Govern de Quim Torra encara su trámite parlamentario con duras críticas del mundo social. Se trata del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, también bautizada como 'ley Aragonès' (en alusión a Pere Aragonès,  'vicepresident' y 'conseller' de Economia i Hisenda), la cual regula la contratación de algunas áreas de sanidad, dependencia o educación en Catalunya.

Aunque muchos de ellos ya están gestionados por empresas ajenas a la Administración, la novedad es que la norma introduciría, según denuncian algunos sindicatos y entidades, nuevos servicios, como por ejemplo el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) o algunas especialidades médicas.

La norma nace a raíz de una directiva europea del 2014 que pretendía regular los procesos de contratación pública para evitar fraudes. En España esto es competencia de las autonomías. En Catalunya, los orígenes de la 'ley Aragonès' se remontan al 2016, cuando Raül Romeva era 'conseller' de Transparència. La norma entró en el Parlament en el 2017 y ahora encara la fase de alegaciones parlamentarias. 

La ley, entre otras condiciones, establece que el precio que ofrece la empresa para prestar un servicio no debe ser un criterio preponderante para adjudicar el mismo. También, que las empresas no puedan rebajar temerariamente las ofertas. Además, obliga a cumplir los convenios de los trabajadores y permite que los empleados no pierdan su trabajo aunque el servicio cambia de manos.

Metges de Catalunya: "Es un paso más a la privatización de la sanidad"

El sindicato Metges de Catalunya (MC) y el movimiento por la defensa de la sanidad pública Marea Blanca se muestran totalmente contrarios a esta ley. "Es un paso más hacia la privatización de la sanidad", afirma rotundo Josep Maria Puig, secretario general de MC. "Externalizar es una forma moderna de decir privatizar", dice Puig, quien considera que con esta ley permitirá que se privaticen servicios básicos de los hospitales, como las urgencias o las cirugías. "Una forma de trocear la sanidad". También denuncia que, con esta ley, se podrán presentar a concurso "patronales y sociedades mercantiles", en vez de "priorizar" los contratos con "entes sociales".

Por su parte, Marea Blanca matiza que la directiva de la UE no obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la prestación de servicios y, por tanto, esto es una "decisión política" que dependerá de la sensibilidad del 'conseller' o 'consellera' de turno. "Nosotros creemos que, como garantía de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía, la gestión directa es la mejor fórmula de prestación de los servicios, y no la contratación o concertación a terceros", señala la entidad en un comunicado.

Fapac: "Crea el marco jurídico para externalizar servicios"

"Hecha la ley, hecha la trampa. Están ampliando los márgenes de beneficios de las empresas privadas", sentencia Lidón Gasull, directora de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac). "En España, los servicios a las personas son competencia autonómica. Catalunya ha decidido hacer una ley de contratos de servicios a las personas que solo regula la figura de la contratación pública de estos vía empresas privadas", explica. Es decir, crea el "marco jurídico idóneo" para externalizar porque "no existe otro marco". "Si quieren de verdad proteger los derechos de las personas, que pongan límites a esta externalización", dice. La propuesta del Govern, de hecho, no fija hasta cuánto se puede externalizar.

Gasull asegura, además, que esta ley "blinda" que los servicios se gestionen vía contratación pública, en vez de por convenios ("el convenio no es un contrato", justifica por su parte el Govern). "En el caso de los comedores escolares, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro ya no podrán gestionarlos por convenio, sino por contratación pública. Y todos sus trabajadores quieren ser contratados por Educació porque las condiciones de estas empresas son fatales", denuncia.

CGT: "Quieren arrebatarnos los servicios públicos"

El sindicato CGT es uno de los que se ha mostrado más beligerantes con esta ley. "Han abierto la puerta a la privatización total, que implica precarización de los trabajadores y beneficios para las empresas a costa de las arcas públicas", dice el responsable de Ensenyament del sindicato, Pedro Mercadé. Pone como ejemplo el caso de la educación infantil de 3 a 6 años. Asegura, además, que esta ley va a dificultar que entidades pequeñas y cooperativas puedan gestionar servicios públicos, y prevé que estos servicios tan básicos acaben a manos privadas. "Mercadean con nuestros derechos", añade.

Govern: "Es una ley que permite que se pueda contratar mejor"

El Govern niega que esta ley suponga una mayor externalización o privatización de los servicios públicos. "Es una ley de contratos que no privatiza ni externaliza", explica Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública del departamento de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. "La ley permite que, en la contratación pública, el precio no sea tan importante y que pesen más las titulaciones personales y la experiencia. Permite valorar aspectos de calidad vinculados a la responsabilidad de las empresas", dice.

Así, destaca de la norma que permitirá el "control" de la ejecución de contratos, así como "imponer penalidades". "Es una ley neutral que no externaliza más o menos. Simplemente permite que puedas contratar mejor. No amplía la cartera de servicios externalizados", insiste. Corretja también destaca que el grupo multidisciplinar que en el 2016, como Raül Romeva como 'conseller', comenzó a impulsar la ley contaba con "diferentes sensibilidades".

CCOO y UGT confían en que acabará con la "precarización"

Si bien es cierto que CCOO y UGT dicen "priorizar la gestión pública", los portavoces no ven con malos ojos esta ley. "Permite más transparencia y va a mejorar las condiciones de los trabajadores que ya están externalizados y que ahora están precarizados", apunta Toni Mora, secretario de acción social de CCOO. 

El único 'pero' que encuentran a esta ley, es que se abre la puerta a externalizar los servicios de ocupación. "Debe ser un servicio 100% público, teniendo en cuenta las tasas de desempleo y los problemas endémicos que tienen", apunta desde la UGT el secretario de políticas sectoriales, José Antonio Pasadas.

Tercer Sector: "Nos gusta, aunque no es nuestra ley"

La Confederació Empresarial del Tercer Sector ve con buenos ojos esta ley, aunque no la hace suya. "En materia de ayudas sociales, ya está todo externalizado", explica el presidente de la entidad, Joan Segarra. Les gusta que los servicios a las personas tengan más en cuenta el proyecto social que el precio, que no se pueda rebajar el precio de salida y que se tenga en cuenta la experiencia de las entidades sociales. Sin embargo, señalan que esta ley no va acabar con aquello que más les preocupa: la "mercantilización" de los servicios públicos. "Las empresas con ánimo de lucro podrán seguir gestionando estos servicios, cosa que nos parece mal", critica. Es decir, van a poder usar esta fórmula para lograr beneficios empresariales.

En el Col·legi de Treballadors Socials han saltado las alarmas cuando han leído que, entre los posibles servicios a externalizar están los servicios sociales. "Si esto significa que los servicios sociales básicos municipales y comarcales van a pasar a manos de empresas, nos parece una barbaridad y vamos a estar en contra completamente", asegura Juan Manuel Rivera, miembro de la junta de la entidad. El resto de cuestiones las están analizando jurídicamente, aunque constatan que en materia social la cooperación con entidades sociales en servicios públicos es habitual y beneficiosa.