La oposición tumba la 'ley Aragonès' en el Parlament

Uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos del vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, fue rechazado por toda la oposición en bloque en el Parlament. Se trata de la ley de contratos de servicios a las personas, más conocida con el nombre del vicepresidente. Un proyecto que según diversas entidades sociales, abría la puerta a la privatización de servicios públicos básicos. En cambio, la Confederació del Tercer Sector Social ve en el bloqueo a la ley una «oportunidad perdida» para regular en clave catalana la contratación pública.

El proyecto llevaba meses negociándose en el Parlament. JxCat había hilvanado con los ‘comuns’ y el PSC diversos cambios al proyecto inicial. A la vista del creciente rechazo de los ‘comuns’ al proyecto -mientras crecía la protesta de distintos sectores sociales y de la CUP-, el PSC se convirtió en decisivo. Los socialistas trasladaron hace unas semanas al Govern que pese a haber negociado algunos cambios, la ley no les satisfacía. Según el PSC, la ley estatal ya regula adecuadamente la contratación con criterios sociales mientra que el texto catalán intentaba favorecer «por la puerta de atrás» a las cooperativas y el tercer sector, cuando la directiva europea exige que exista libre concurrencia. Los socialistas creen que el Govern debería haber promovido una ley de concertación social.

En cambio JxCat acusa a los socialistas de actuar por criterios electoralistas y sostiene que no se evitará la contratación sino que quedará «a la intemperie del liberalismo». ERC lamentó que se pierda una oportunidad de «ejercer soberanía».

El debate de fondo: ¿una gestión sólo pública?

La norma había recibido críticas y aplausos. Críticas por parte de algunos movimientos sociales que se movilizaron contra un texto que consideran que incorpora elementos de privatización encubierta de prestaciones sociales básicas.

En cambio, la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya lamentó ayer que quien más celebrará el freno a la ley «es Florentino Pérez». Es decir, empresas con ánimo de lucro con interés en ofrecer prestaciones sociales. Según la Confederació, el texto ponía límite al precio como criterio básico para lograr una adjudicación y fijaba la necesidad de disponer de una ley de acción concertada en 18 meses. El Govern defendía que la norma incorpora cláusulas de responsabilidad social para que las entidades accedan a ofrecer prestaciones de la administración, blindando así la prioridad de las organizaciones sin ánimo de lucro en el sector frente a las empresas lucrativas.

La CUP celebró el rechazo al proyecto y apuntó a la necesidad de tumbar también los presupuestos pactados entre el Govern y los ‘comuns. «La lucha continua», afirmó la diputada ‘cupaire’ María Sirvent. El PP y Ciutadans también vetaron el texto del Govern.