Altura política y crisis de seguridad

Durante el último año el discurso público sobre la inseguridad en Barcelona ha oscilado entre la negación del indiscutible incremento de los actos delictivos en Barcelona, primero hurtos y después robos con violencia, y las alarmas desmesuradas que dibujaban a la capital prácticamente como una ciudad sumida en el caos. En ambos casos como instrumento político, bien para desgastar al anterior consistorio acusándolo de desinterés, bien para señalar a los responsables de Interior por la falta de efectivos desplegados, bien para excusar la gestión de unos u otros. Ni siquiera algunas de las actuaciones policiales de refuerzo o despliegue pueden desligarse de este ambiente de pre- y poscampaña electoral. Más recientemente, la denuncia de hechos delictivos ha sido utilizada como resorte de agitación en las redes y en la calle, en una sucesión de iniciativas con impulsores opacos, intereses discutibles y a veces inquietantes componentes xenófobos.

Tras la sucesión de actos violentos en un verano especialmente tenso, y horas después del asesinato de una joven en un local del Port Olímpic que debería convertirse en revulsivo y punto de inflexión, este jueves se desarrollaron dos reuniones, una impulsada por la Conselleria d’Interior y otra por el Ministerio de Justicia, para abordar la situación. Es positivo que se reconozca la necesidad de abordar la inseguridad en la ciudad al máximo nivel. Que, en ambas instancias, se señalase la necesidad de engrasar los mecanismos del sistema judicial que impiden atajar la reincidencia o dejan en la calle a autores de actos violentos, con reformas penales para penalizar la reiteración de pequeños hurtos y medios para evitar el atasco de la justicia. Que se pongan sobre la mesa planes de choque en los que se reconoce la necesidad de actuar, en el frente judicial, en el policial y en el de la prevención. Y que se hayan escuchado las inquietudes, preocupaciones y denuncias de todos los sectores afectados.

Sin embargo, la convocatoria de dos reuniones paralelas, a la que cada Administración envió representantes de mayor o menor nivel en función de la buena o mala sintonía con el respectivo convocante, no visualizó el necesario espíritu de cooperación institucional, sino más bien el deseo de marcar perfil político propio. No hay excusas para no demostrar más altura de miras, tanto ahora como si nos acercamos a un nuevo periodo electoral, y poner, por delante de cualquier cálculo político, el interés de los ciudadanos.