El tapón judicial, problema y solución de la crisis de seguridad de Barcelona

La crisis de seguridad de Barcelona ha obligado a poner el foco sobre el sistema judicial y a aceptar que no ayuda a combatir la multirreincidencia ni de hurtadores ni de ladrones violentos. Todo lo contrario: contribuye a generar un aumento de la percepción de impunidad dado que el ciudadano siente que, con independencia de las detenciones policiales, los delincuentes regresan a la calle en cuestión de horas. Este jueves dos cumbres distintas dedicadas a contener el incremento de la criminalidad –una impulsada por la Conselleria d’Interior y otra por el Ministerio de Justicia– han acabado diagnosticando el mismo problema: el tapón judicial. 

El 'conseller' Miquel Buch, después de escuchar a las principales asociaciones vecinales, comerciales y empresariales de Catalunya, ha presentado su plan de choque 'Barcelona Ciutat Segura' que en tres meses debe aportar soluciones articuladas sobre tres ejes: prevención, policial y judicial. "La respuesta no puede ser únicamente policial", ha insistido, de nuevo. De los ocho grupos de trabajo que han creado y que implican –por sectores como la movilidad, el ocio o la comunicación– a representantes distintos de la sociedad civil, Buch ya ha avanzado que la única propuesta que se acordará seguro va a ser una petición formal al Congreso de los Diputados para que modifique el Código Penal. En verano del 2017 una sentencia del Tribunal Supremo prohibió castigar como delitos leves la acumulación de cuatro hurtos, la medida hizo descarrilar el trabajo policial contra los carteristas multirreincidentes porque actualmente un ladrón puede cometer cien hurtos sin que el castigo sea otro que una sanción económica.

No lejos de la 'conselleria', en el mismo barrio del Eixample, en la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya el encuentro del Ministerio de Justicia con los principales actores del sistema judicial catalanes alcanzaba la misma conclusión, e iba más lejos. Tanto fiscales como jueces han pedido que, además de una reforma del Código Penal para atajar la proliferación de hurtos, hacen falta más juzgados (cuatro en Barcelona) y más medios humanos y materiales en los ya existentes para solucionar los robos violentos, los que se han disparado este estío en Barcelona (un 30% con respecto al mismo periodo del 2018).

La coincidencia en el análisis de ambas reuniones no se debe a las ganas de colaborar de las dos administraciones –catalana y española– que han parecido contraprogramarse citándose el mismo día. Una falta de sintonía que también muestran hacia el Ayuntamiento de Barcelona, y viceversa: la alcaldesa Ada Colau no ha acudido a ninguna de las dos. Y su concejal de Seguridad, Albert Batlle, finalmente ha optado por asistir a la cita con el ministerio. A este último encuentro no han sido invitados los Mossos d’Esquadra y al del departamento de Interior los que no han sido convocados son la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Disputas políticas al margen, todos piden que se actúe en clave judicial. 

Diez meses de retraso

Los juzgados rápidos, que sobre el papel deben descongestionar el sistema porque permiten juzgar en 15 días delitos inferiores a los 5 años –como los cometidos por ladrones violentos–, en Barcelona están saturados. Y el tapón ha acabado generando una paradoja absurda: son más lentos que los juicios normales. Según fuentes presentes en la reunión del ministerio consultadas por este diario, tanto fiscales como jueces han denunciado esta situación, poniendo como ejemplo que los juicios para robos violentos perpetrados ahora son señalados para junio del 2020. Diez meses de retraso. A la práctica, esto significa que los ladrones violentos tardan como mínimo un año en tener antecedentes penales. Sin estos, la reincidencia no existe a ojos judiciales –a pesar de que hayan sido detenidos cien veces por la policía– y se enquistan en la calle. La queja entronca con la de los Mossos hace pocas semanas, cuando explicaron que solo el 10% de sus detenciones acababan en un ingreso en prisión preventiva.

En la misma reunión se ha solicitado también al ministerio que acelere la sustitución de jueces en Catalunya. El contexto político ha hecho que no pocos jueces decidan irse a ejercer a otra comunidad autónoma y ello deja mucha bajas que tardan en reponerse. Durante el encuentro incluso se ha planteado la posibilidad de que se incentive a los jueces destinados aquí que reduzca la centrifugación de magistrados. Los representantes del ministerio de Justícia se ha comprometido a analizar las peticiones porque comparte la diagnosis, pero han precisado la dificultad de cumplirlas algunas de ellas porque el Gobierno sigue en funciones y los presupuestos están prorrogados.

Los competidores aprovecharán la debilidad

Javier Mirallas, de Fomento del Trabajo, y Álex Goñi, de PIMEComerç, han abandonado el encuentro con Buch con buenas sensaciones, negando que se haya tratado de un "simple brindis al sol" y alertando de que conviene que esta iniciativa dé sus frutos. "Si Barcelona no actúa hay otras ciudades europeas que lo aprovecharán para quedarse con inversiones o eventos como el Mobile World Congress", ha avisado Mirallas.

El abogado Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON), ha rogado que se busquen soluciones sin "estigmatizar" su sector. La oferta de discotecas y de bares musicales debe prevalecer porque de otro modo aumentaran fenómenos más dañinos, como el botellón. El letrado insiste en que hace falta más presencia policial en los accesos y más patrullaje de proximidad en las zonas de ocio.