La rectificación

El soberanismo más lúcido ya hace días que ha comenzado el camino de la rectificación. Con muchas vacilaciones y dudas, por supuesto. Las prisiones injustas, los procedimientos judiciales desatados, el exilio, los impactos emocionales de la violencia del Estado durante los meses de septiembre y octubre de 2017, no hacen nada fácil recorrer el camino que toca transitar. Tanto dolor y sentimientos de impotencia dificultan trazar las nuevas vías que necesitamos. Pero los independentistas y el país no podemos quedar atrapados. El coste colectivo sería insoportable y lo pagarían las futuras generaciones. Y ciertamente las nuevas vías por las que los independentistas tendremos que caminar están plagadas de obstáculos. Algunos están en el propio mundo independentista. El fanatismo de unos pocos, el oportunismo de otros y la incompetencia no nos ayudan. Pero los obstáculos más ingentes no están en el lado catalán sino en el inmovilismo de los principales actores políticos estatales. Si el soberanismo lúcido, poco o mucho, ha hecho, está haciendo y hará autocrítica, de momento son muy pocas y excepcionales las voces del resto del Estado que se han alzado para hacer su propia rectificación.

El coste que España ha pagado para detener el proceso soberanista catalán ha sido enorme desde el punto de vista democrático y del respeto de los derechos y las libertades fundamentales. El último ejemplo de este abuso de poder en toda regla han sido las decisiones que han impedido que Oriol Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado. las decisiones que han impedido que Oriol Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado. Sin base legal firme, se ha decidido que lo que fue posible hace unos meses, que Junqueras y demás presos políticos elegidos como electos en las listas independentistas para las elecciones del mes de abril en el Congreso y el Senado pudieran tomar posesión de sus actas, ahora fuera impedido, a la espera de una sentencia previsible y tristemente condenatoria que lo inhabilitará para cualquier cargo público. Sí, se sacrifica la democracia y debilita el Estado de Derecho, en nombre de la unidad de España.

La rectificación del Estado será imprescindible: tendrá que proclamar que la vía penal no resuelve el problema político sino que lo agrava; será necesario que pida perdón por las cargas policiales del 1 de octubre y que aquellos que las ordenaron asuman las responsabilidades por ellas; y hay que detener la guerra sucia desatada desde las cloacas del Estado, que no puede quedar impune. Y, evidentemente, será necesario que se crea y haga efectiva su propia sentencia de que "en ausencia de violencia todas las ideas pueden ser defendidas" y que, por tanto, la democracia española tendrá que encontrar las vías que hagan legal y posible canalizar las demandas políticas de la sociedad catalana de reconocimiento nacional y poder político, que son ampliamente transversales en Catalunya.

De momento, la política española no parece dispuesta a recorrer este camino, con todas sus consecuencias. La mal llamada 'razón de Estado' se ha impuesto. Ciertamente con la moción de censura del junio de 2018 hubo cambios que no fueron menores. La 'Declaración de Pedralbles', por ejemplo, fue un buen paso en la dirección correcta. Una declaración que, por cierto iba en la línea de la moción que acordamos con el PSOE en el Congreso y que lamentablemente el 12 de septiembre de 2018 tuve que retirar y que instaba al Gobierno a "abrir un proceso de diálogo político con el Govern de Catalunya en el que todos puedan defender sus ideas, aspiraciones y proyectos entrega, sin imposiciones ni impedimentos. Este proceso deberá aspirar a acordar las vías legales y democráticas que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro en el marco del ordenamiento jurídico vigente". Pero desde el fallido proceso de aprobación de los presupuestos, la retórica gubernamental parece haberse olvidado de estos planteamientos.

Pedro Sánchez insiste en la idea de que el conflicto catalán no tiene que ver con la democracia en España sino con la convivencia en Catalunya. Y se equivoca. La convivencia política en Catalunya es razonablemente buena. El pacto en la Diputación de Barcelona es un buen ejemplo.

Sí, la cuestión catalana, como siempre ha sido en la historia de España, tiene que ver con la democracia, con la capacidad del sistema político español de responder a las demandas de la sociedad catalana rompiendo con los tabúes del nacionalismo español.

Para aquellos que en Catalunya dicen que nunca será posible el diálogo efectivo que haga posible una negociación y un acuerdo político sobre el futuro de Catalunya, el inmovilismo de unos y la retórica incendiaria de los otros, son, sin duda, sus mejor aliados.

*Exdiputado en el Congreso.