Disuasión contra el 'top manta'

A primeros de julio, unas 40 entidades de Barcelona, entre las cuales la Cambra de Comerç, el Gremi d’Hotels y diversas asociaciones de comerciantes, reclamaron de nuevo a la alcaldesa Ada Colau medidas urgentes «que demuestren a la ciudadanía que el ayuntamiento tiene la voluntad de aplicar sus ordenanzas y de hacerlas cumplir». Era la enésima vez que se hacía oír una protesta de este tipo, como las que lleva a cabo periódicamente la Plataforma d’Afectats pel top manta, y que se hacen más ostensibles cuando llega la temporada estival.

El sector se queja de la competencia ilegal y de las repercusiones económicas, no solo en cuanto a la pérdida de beneficios, sino también de puestos de trabajo. Asimismo, tal y como refleja el último barómetro municipal, la venta ilegal en la calle es uno de los factores que contribuyen a la insatisfacción de la ciudadanía y a la preocupación por la seguridad. Es el problema que, con un 27,4% de los encuestados, más preocupa a los barceloneses.

La ocupación por parte de la Policía Municipal, en colaboración con los Mossos d’Esquadra y la Policía Portuaria, de los puntos neurálgicos del 'top manta', en especial el paseo de Joan de Borbó y otras zonas de la Barceloneta, pero también en el centro de la ciudad, responde a un cambio de actitud del consistorio que ya se percibió hace una semana en la rueda de prensa conjunta de la alcaldesa y el 'conseller' de Interior, Miquel Buch. Sin olvidar que se trata asimismo de un asunto delicado, por falta de alternativas labores y sociales, la contundente intervención policial incide en el necesario y urgente posicionamiento de la autoridad hacia una actividad ilegal que genera malestar. El «dispositivo por saturación», en palabras del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y la presencia permanente de la policía, que se irá modulando según las circunstancias, constituye un aviso de primer orden contra el 'top manta', una de las primeras medidas efectivas desde el pacto de gobierno con el PSC.

No existen soluciones mágicas y el control policial no es el único camino, pero para defender un determinado tipo de modelo de ciudad que no permita el impacto negativo de 136 millones de euros, según el estudio llevado a cabo por la patronal Pimec, son precisos dispositivos de este tipo, que tanto velan por la legalidad y el comercio de proximidad como por la seguridad de la ciudadanía.