España ante la encrucijada venezolana

Los últimos dos meses en Venezuela han sido de calma tensa. Todos los actores se estaban preparando para un golpe de efecto que sabían que estaba al llegar. No resulta sorprendente el rápido posicionamiento de Estados Unidos a favor de este inquietante movimiento realizado por Juan Guaidó, alejado de las posiciones de la ONU y la UE que abogan por una solución política y pacífica a la crisis. Siendo mal pensados, este tipo de declaraciones podrían recordarnos a otras similares acontecidas durante los años 70 del siglo pasado, también en relación con países latinoamericanos.

En esta situación, hubiera cabido esperar que España asumiera el liderazgo político en relación con los acontecimientos del país caribeño. Sin embargo, esto no sólo no ha sucedido, sino que, además, la posición española ha sido de las más dubitativas de entre los Estados de la UE, probablemente como consecuencia de la utilización partidaria de la crisis venezolana en el ámbito doméstico. Así, España intentó, a través del ministro Borrell, introducir matices sensatos y diferenciados de la posición norteamericana en el seno del Consejo Europeo. Lamentablemante, estos matices, como en todo lo que hace a Venezuela, han quedado diluidos y el debate se vuelve a plantear en términos de blancos y negros.

En esta tesitura, el agresivo lanzamiento de la “Operación Libertad” liderada por Juan Guaidó, probablemente con ayuda norteamericana, ha dado un nuevo giro a los acontecimientos. La búsqueda de protección por parte del opositor Leopoldo López y su familia apelando a un derecho carpetovetónico de asilo diplomático aún vigente en América Latina, sitúa al Gobierno español en funciones, con un ministro de Exteriores saliente, ante la disyuntiva de tener que adoptar decisiones desde las posiciones expuestas durante los últimos meses.

A flor de piel

Es este un caso práctico de manual dónde el conflicto entre legalidad y legitimidad, teorizados por Lipset, se encuentran más a flor de piel. Si hay un reconocimiento de Guaidó como presidente encargado para poner en marcha el proceso de cambio político, la legalidad del presidente Maduro queda en cuestión. Si, por el contrario, la interpretación de la Constitución apela a la legalidad de Maduro, toda acción llevada a cabo por el opositor se situaría al margen de la legalidad. La cuestión de la legitimidad deberá ser ratificada por la capacidad del Gobierno de poder ofrecer soluciones a las demandas de la población, por vías democráticas. Vías que, desde luego, no se corresponden con la acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares y rebeldes para quedarse con el Gobierno del Estado, rompiendo la legitimidad constitucional establecida, una definición de libro de golpe de Estado.

Así, el Gobierno español debe decidir cómo abordar una situación que ya es inaplazable. No se trata de una solución sencilla, pero es importante que, precisamente, por los fuertes lazos existentes entre España y Venezuela, se haga todo lo posible por liderar, desde la UE, un proceso de cambio político en el país ofreciendo una vía alternativa a opciones que más que mediar intentan dividir a la sociedad venezolana.