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Los juicios del 'procés'

Votantes del 1-O, en un colegio electoral de Barcelona.

FERRAN SENDRA

España, ese horrible Estado opresor

Joaquim Coll

La fiscalía mira hacia otro lado en los casos de los empleados públicos que pudieron ser cómplices del 1-0

Quim Torra no se cansa de acusar al Estado español de ser fuertemente represivo, de actuar con una saña y venganza pocas veces vista en Europa. Pero la realidad es otra muy diferente. Se acaba de saber que la jueza de El Vendrell Tamara Beltrán que investigaba a más de 30 mossos acusados de desobediencia por el 1-O ha tenido que archivar la causa porque la Fiscalía ya no aprecia indicios de delito para sorpresa de la propia magistrada. Se trata de agentes que no solo se pusieron de perfil la mañana del referéndum sino que legitimaron con su actuación, recibiendo los vítores y aplausos de los congregados, un acto que contravenía la orden del TSJC. Hay diversas imágenes de esa pantomima que protagonizaron algunas parejas de mossos cuando visitaban los centros de votación. Pues bien, pese a los numerosos indicios de desobediencia del deber de perseguir delitos que aprecia la jueza, la Fiscalía ha decidido retirarse de la acusación porque considera que esos agentes estaban “sujetos al principio de jerarquía”, “actuaban sin medios” y sobre todo porque sus mandos superiores ya están siendo objeto de una investigación en la Audiencia Nacional.

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Lo más probable es que también se archiven las causas penales que afectan a otras decenas de mossos por el 1-O. En el juicio ante el Tribunal Supremo está quedando patente la actitud cuanto menos pasiva de la policía autonómica, así como su nula colaboración con las otras fuerzas de seguridad la mañana del referéndum. Curiosamente, ese horrible Estado opresor que dibujan los separatistas no quiere perseguir a todos aquellos empleados públicos (incluyendo a directores de colegios y responsables de centros de salud) que pudieron ser cómplices del golpe contra la democracia constitucional. Focaliza su atención solo en los cabecillas de la supuesta rebelión/sedición, empezando por los líderes políticos del 'procés' y siguiendo por el mayor Josep Lluís Trapero. En los otros casos, la Fiscalía prefiere mirar hacia otro lado. Es posible que para la convivencia en Catalunya se trate de una decisión acertada, que los separatistas jamás agradecerán.