Mossos, lealtad entre dos aguas

“¿Lo dijo así?”, preguntó sorprendido el fiscal Javier Zaragoza cuando el comisario Ferran López desveló que Carles Puigdemont había amenazado con declarar la independencia el mismo 1-O si se producía el escenario violento que temía la cúpula de los Mossos. “Sí. Es una frase que recordemos todos porque es difícil de olvidar”, aclaró. Desconcierta, sin embargo, que ninguno de los otros comisarios asistentes al encuentro del 28 de septiembre (Manuel Castellví, Emili Quevedo y el mayorManuel Castellví, Josep Lluís Traperoen sus testificales. ¿Por qué López disparó ese último dardo? También sorprende que, ante unas palabras tan concluyentes sobre la voluntad del Govern de seguir adelante con un acto prohibido que comportaba el riesgo de graves incidentes, un escenario que Puigdemont contemplaba como una excusa para una rápida DUI, los responsables de los Mossos no se plantearan denunciarlo para eventualmente detenerlo junto a Oriol Junqueras y Joaquim Forn, que en la citada reunión se mostraron conformes con la posición del 'president'.

Con una denuncia pública de la actitud temeraria del Govern, seguida de un anuncio de dimisión colectiva, esos mandos hubieran despejado cualquier duda sobre su lealtad al orden constitucional y abortado el referéndum ilegal que iba a celebrarse tres días después. Pero es evidente que en aquel momento no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera porque el cuerpo de los Mossos nadaba entre dos lealtades. Solo tras la DUI del 27 de octubre y a las puertas de la aplicación del 155, Trapero comunicó a la Fiscalía y al TSJC que tenía preparado un dispositivo para detener a Puigdemont. ¿Descubrió de repente la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Catalunya o tal vez empezó a armar un relato para justificar su dudosa actuación?

Hábil de defensa

Determinar el papel que desempeñaron los Mossos entre septiembre y octubre de 2017 es una cuestión central tanto para las acusaciones como para las defensas en el juicio que se celebra en el Supremo. Aunque falta mucho para su finalización, ya hemos podido escuchar las declaraciones de todos los responsables de seguridad de entonces. Las testificales de José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo para impedir el referéndum, y del máximo responsable de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, eran relativamente previsibles. Sus argumentos son los que sostiene la Fiscalía. Lo más llamativo ha sido que Trapero, que se encuentra acusado de rebelión y sedición en la Audiencia Nacional, optase por testificar. Como también los comisarios López, Quevedo y Molinero, imputados por desobediencia en el juzgado 3 de Cornellà. Todos podían haberse acogido a su derecho de no hacerlo, pero de forma inteligente han convertido su declaración en una hábil defensa en base a un doble hilo argumental.

Por un lado, han denunciado la irresponsabilidad del Govern Puigdemont pero sin que ese empecinamiento independentista llegara a condicionar jamás la actuación de los Mossos. Y, por otro, han trasladado su responsabilidad en la organización del ineficaz binomio para el 1-O en el hecho de que Pérez de los Cobos estaba informado sin que en ningún momento objetara nada. También han atribuido la quiebra del dispositivo único de los tres cuerpos a la acción unilateral de la Policía Nacional y la Guardia Civil la mañana del referéndum.

No se van a dirimir en el Supremo las acusaciones que pesan contra los mandos de los Mossos, pero dichos argumentos suenan infantiles y suscitan muchos interrogantes. ¿Por qué Trapero recurrió legalmente el nombramiento del coordinador con el falso argumento de que los Mossos, sin más apoyos, podían hacer cumplir las órdenes judiciales? ¿Por qué participó en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, sentándose simbólicamente al lado de los que alentaban un acto ilegal?, y sobre todo ¿por qué lo hizo para apoyar una lectura torticera del auto de la magistrada Mercedes Armas, según la cual el deber de impedir el referéndum quedaba relegado al objetivo de preservar “la normal convivencia ciudadana”?

Las preguntas podrían continuar y añadirse otras dirigidas a la torpe actuación del Ministerio del Interior, pero es evidente que los mandos de los Mossos han aprovechado el juicio a sus jefes políticos para armar un relato exculpatorio ante una actuación en la que, en el mejor de los casos, intentaron conjugar dos lealtades incompatibles y, en el peor, fueron cómplices pasivos de un golpe al orden constitucional.

Historiador.