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ATL: Agua poco clara

Agustí Sala

El cambio se lleva cabo con un decreto ley, sin trámite parlamentario y con la cámara cerrada por discrepancias de los socios del Govern

Resulta que la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL) pasará a ser en enero Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). Será pública, perderá una 'l' en su logo (dicen que en correcto catalán la 'll' debe ser 'l' en unas siglas) y, lo que es más destacable, nacerá con un déficit de unos 1.000 millones de euros, la misma cantidad en la que Generalitat lo redujo en el ejercicio del 2012. Podría decirse que no es un buen comienzo. No lo es. La Intervención General del Estado deberá determinar si ese desajuste se anota al ejercicio de hace ocho años o al actual. Sea como fuere es una nueva hipoteca para las cuentas públicas catalanas como consecuencia de una privatización con Artur Mas como 'president' que, siendo suave, se hizo rematadamente mal. Y además la actual titular de la concesión, Acciona, deberá ser compensada. Lo que se diseñó para sanear enturbiará aún más las finanzas públicas.

Sin entrar en el debate sobre si la compañía que abastece de agua al 60% de la población catalana ha de ser o no propiedad de la Generalitat, lo que es evidente es que la fórmula empleada para que lo sea, el decreto ley (por la que se criticaba al Gobierno de Mariano Rajoy), es mal vista hasta por algunos de los que defienden que esta compañía sea pública. Por esta vez no insistiremos en lo poco adecuado que es hacerlo en agosto y con el Parlament en manos de la diputación permanente al estar cerrado por vacaciones hasta octubre por los desacuerdos entre los socios que conforman la mayoría independentista en el Govern (Junts per Catalunya y ERC).

Sin tramitación parlamentaria

No hay tramitación parlamentaria (el Govern lo justifica en la urgencia necesaria de cumplir la snetencia del Tribunal Supremo que anuló la concesión), a pesar de que podría haberse recurrido igualmente a la fórmula, con lo que se cumpliría con la supuesta emergencia; pero a la vez se podría dar voz al resto del Parlament. Tampoco se da participación en el futuro consejo de administración a nadie que no sea la Administración catalana, ni siquiera ayuntamientos ni representantes de la oposición, aunque se ha abierto la puerta a que que participe un vocal en representación de los consumidores y otro por los ecologistas.

Tampoco parece muy transparente la comisión de la que forman parte las 'conselleries' de PresidènciaVicepresidència y Territori, en la que se determinará la liquidación de la sociedad actual y la compensación que merece la actual adjudicataria que ya ha valorado en un mínimo de 308 millones. Será, seguro, fuente (nunca mejor empleada la expresión) de conflictos y de pleitos judiciales como los que se han vivido desde el 2012 por la privatización. Más patadas hacia delante y que resuelva el siguiente. Desde luego, para tratarse del agua, la cosa no está muy clara.

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