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COMUNICACIÓN A ACCIONA

El Govern inicia los trámites para asumir la gestión de ATLL

La Generalitat creará una entidad de gestión pública del agua en enero del 2019

Agustí Sala

Vista aérea de la desalinizadora de ATLL en El Prat de Llobregat.

Vista aérea de la desalinizadora de ATLL en El Prat de Llobregat. / ATLL

La Generalitat ha comunicado a la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL), controlada por Acciona, la anulación del contrato de gestión de la compañía que suministra el agua a las compañías abastecedoras del área metropolitanade Barcelona y otras comarcas con más de cuatro millones de habitantes, tal y como sentenció el Tribunal Supremo. El objetivo es crear una nueva entidad de gestión pública del agua que se pondrá en marcha en enero de 2019, con lo que la gestión volverá a manos públicas.

Una vez constituido el Govern, la ejecución de la sentencia del Supremo que desbarata el concurso de gstión de la compañía pública era una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo catalán, que deberá devolver a Acciona, un mínimo de 308 millones de euros por los cánones pagados por esta entidad y la amortización de inversiones. La de ATLL fue la mayor privatización acometida por la Generalitat, en la etapa de Artur Mas, como 'president', con un valor de casi 1.000 millones de euros que, además sirvieron para reducir el déficit de la Generalitat del 2012 en cinco décimas.

El Ejecutivo catalán ha hecho llegar a Acciona una notificación, firmada por el 'conseller' de Territori, Damià Calvet, en la que le comunica que el contrato de gestión "entra en fase de liquidación". A partir de este momento se creará una comisión interdepartamental en el Govern que será la encargada de hacer una propuesta de liquidación.  Forman parte de esta Territori, Economia, la Intervención General, los servicios jurídicos centrales y la Agència CAtalana de l'Aigua (ACA).  La concesionaria ha de seguir prestando el servicio de abastecimiento de aguas a las compañías suministradoras a particulares y empresas hasta que se alcance una propuesta final. El cambio de gestión no será efectivo hasta que Acciona recupere al menos los 308 millones que se le adeudan (a finales de año la cantidad será más elevada), según fuentes jurídicas consultadas.

Ley de acompañamiento 

La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la comunicación de esta anulación "abre la puerta" a iniciar los trámites para poner en marcha la nueva "entidad de derecho público" que prestará el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. La asunción de la gestión por parte de la Generalitat ya estaba prevista en la disposición adicional sexta de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat del 2017.

En ese texto se insta al Govern, en caso de anulación del concurso, que tome todas la medidas para recuperar "la gestión directa" y que establezca "calendario de actuaciones y medidas para hacerlo posible".  A su vez se le insta a presentar "las inicitivas legislativas pertinentes para que la red de abastecimiento en alt Ter-Llobregat se defina como un bien común y como un servicio que atiende un derecho humano esencial para la vida y que no puede ser objeto de afán de lucro".

Por todo ello, es obligación del Ejecutivo, según la norma, "garantizar por reglamento los espacios necesesarios de pariticipación ciudadana que faciliten los mecanismos imprescindibles de transparencia y control público y también de control ciudadano de la empresa pública gestora". En ningún caso se ha previsto un nuevo concurso para ceder la gestión, ya que tanto ERC como la CUP se oponen frontalmente.

Adjudicación nula

En febrero de este año, el Supremo desestimó el recurso presentado por la Generalitat y ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declaró nulo el procedimiento de adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.  

Acciona calcula que la Generalitat de Catalunya deberá reembolsarle 308,3 millones de euros, aunque esta cantidad no incluye daños y perjuicios. La compañía controlada por la familia Entrecanales no descarta plantear a su vez demandas por lucro cesante. En la cuenta general de la Generalitat del 2015 consta una provisión de 380,29 millones para cubrir el "riesgo" de que los tribunales anularan el concurso, que es más de lo que se había anunciado públicamente.  

Tras la adjudicación del concurso en el 2012, la sociedad concesionaria encabezada por Acciona desembolsó 298 millones de euros y, además paga cada ejercicio un canon por el contrato de 50 años para los 696,8 millones restantes. Desde el 2013, ha pagado 65,4 millones por este canon (10,7 millones en el 2013, 11,8 millones en el 2014, 13 millones en el 2015; 14,2 millones en el 2016 y 15,7 millones en el 2017). Para este año asciende a 17,2 millones.

La batalla jurídica por este proceso de privatización la inició Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió la licitación, poco después de la adjudicación al consorcio encabezado por Acciona. El organismo arbitral de la Generalitat para los concursos públicos , el OARCC, le dio la razón en enero del 2013, al entender que Acciona debería haber quedado fuera del concurso.

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