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AL CONTADO

Conducción de agua de Trinitat-Fontsanta, gestionada por Aigües Ter Llobregat.

ATLL: ¿Qué será del agua en Catalunya?

Agustí Sala

Al final, es verdad, la mala gestión pública, igual que las malas privatizaciones, las acaban pagando siempre los ciudadanos

El Govern ha anunciado que inicia los trámites para deshacer el entuerto de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la concesionaria que suministra agua a más de cuatro millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona y otras comarcas colindantes.

No le quedaba más remedio una vez constituido el Ejecutivo catalán, tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero pasado que invalidó el concurso que en el 2012 otorgó la gestión a un consorcio encabezado por Acciona. Hoy, este grupo tiene el 78% del capital, tras comprar la parte a su socio brasileño BTG Pactual que, en su día, ya dio el pelotazo con Túnels del Cadí, al vender sus acciones por más del doble de lo que pagó poco más de un año antes en la privatización. Otra ejemplo de mala venta de activos públicos.

Entre convocar otro concurso o asumir la gestión directa de ATLL, el Govern de Quim Torra mantiene la opción del anterior Ejecutivo y del Parlament, recogida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Geneneralitat del 2017. Fue una decisión surgida de la alianza plurideológica y proindependentista de la antigua CiUERC y la CUP, que considera el agua un bien común que debe ser gestionado por manos públicas.

Una comisión interdepartamental se ocupará de liquidar el contrato, al que aún les quedan casi 45 años de vigencia. Se tendrán que emplear a fondo para evitar otra batalla en los tribunales como la que provocó el concurso. Acciona puede considerar lesionados sus intereses y Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió la licitación en el 2012 e inició una batalla jurídica que ha acabado con el resultado actual, puede creer que se beneficia a su competidora. El tiempo lo dirá.

La mayor privatización de la Generalitat (casi 1.000 millones) costará a las arcas públicas un mínimo de 308 millones. Antes de zanjar el contrato, la Generalitat, a la que no le sobra el dinero, deberá hacer efectivo este pago. Por eso el Govern gana tiempo y se da de plazo hasta enero para culminar el proceso.

Todo esto demuestra que las prisas son malas consejeras. La asfixia financiera de ATLL y la necesidad de reducir el déficit de la Generalitat a toda costa pesaron demasiado y se selló un contrato gravoso para los contribuyentesNi el ‘president’ Artur Mas ni otros responsables del fiasco están hoy en la Generalitat, pero sí algunos de sus herederos, que han pasado del liberalismo convergente a ser casi simpatizantes de la CUP. 

Resultará que tenía razón el presidente de Agbar, Àngel Simón, cuando en una entrevista en este diario dijo: "Al final, la mala gestión pública la acaba pagando el ciudadano". Aunque lo dijera en defensa de la gestión privada, tenía razón, al igual que sucede con las malas privatizaciones: siempre pagan los mismos, sea el que sea el futuro de la gestión del agua.