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servicios públicos

Àngel Simón: "Al final, la mala gestión pública la acaba pagando el ciudadano"

El presidente de Agbar afirma en una entrevista en EL PERIÓDICO que la sentencia de ATLL demuestra que "en Catalunya se cumplen las leyes"

Olga Grau Agustí Sala

Simón durante la entrevista en la Ciutat de lAigua, el cuartel general de la compañía en Barcelona.

Simón durante la entrevista en la Ciutat de lAigua, el cuartel general de la compañía en Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Tras el fallo del Tribunal Supremo que desbarata la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor de la historia de la Generalitat, la gestión deberá volver a manos públicas. Aigües de Barcelona (Agbar), que impugnó el concurso que  ganó Acciona, cree que el fallo devuelve la estabilidad jurídica a Catalunya.

–¿Qué valoración hacen del fallo? 
–Debemos valorarlo en conjunto. Estas cosas saben mal, porque al final, la mala gestión pública la acaba pagando el ciudadano. Esa es la conclusión. La mala gestión comienza porque ATLL era un desorden. En su conjunto, la deuda con la ACA era de 2.000 millones. Y entonces pensaron que había que hacer un pliego de cláusulas para que entrara un operador privado. La mala gestión viene de lejos ¿Conclusión? Llevamos más de 9 años de una gestión pésima que alguien acaba pagando.

– Y ¿asumirá el Govern la gestión? 
– La Generalitat deberá asumir las riendas y también tendrá que rebajar el 20% las tarifas que han subido desde que Acciona gestiona.

"También se tendrán que rebajar un 20% las tarifas, que es lo que han subido desde que gestiona Acciona"

–Y ¿qué más?

–Debemos reflexionar si los ciudadanos del área metropolitana han de seguir pagando más. En esta zona, el servicio de ATLL es un 21% más caro que para el resto.  

–¿Cuál fue el error en la licitación?
– Hubo dos: el de la mala gestión pública; y el de la mala gestión del pliego de cláusulas. Actualmente, en el área metropolitana tenemos personas que gestionaron en su momento de una manera pública más otras que hicieron el pliego de cláusulas.

–¿Ve viable la gestión directa por la Generalitat?
–Además de rescindir el contrato y asumir la gestión, aunque creo que es complicado, deberá hacer un nuevo concurso. Creo que la participación público privada es lo mejor.

"Todo lo que pedimos es estabilidad jurídica y la sentencia la garantiza"

– ¿Les satisface la sentencia?
–Al final, el fallo anula el concurso y hay que volver al 26 de diciembre del 2012 y con una tarifa un 20% menor, calcular lo que hay que devolver, no indemnizar, a Acciona; y en función de esto, la Generalitat ha de decidir.

–¿Se presentarán si hay concurso?
–Nosotros sí.  La sentencia tiene una cosa muy positiva y es que en Catalunya se cumplen la leyes.

–Pero el contexto político puede complicarlo.
– Todo lo que pedimos es estabilidad jurídica y la sentencia la garantiza. También cierta estabilidad institucional y un ambiente cálido para poder hacerlo. Somos de Barcelona, de Catalunya y, por tanto, nosotros nos presentaremos.

"Cuando tengamos un marco estable en Catalunya (espero que no tardemos) no habrá inconveniente en volver a trasladar la sede social"

–En este sentido, ¿podrían plantearse volver a traer la sede social?
–Seguro que sí. Hicimos el traslado porque tenemos participaciones latinoamericanas y debíamos defender la cotización en bolsa. La posible inestabilidad de nuestras empresas y trabajadores aconsejó el traslado donde hubiera un marco seguro, estable y legal y una moneda reconocida y europea. Cuando tengamos un marco estable en Catalunya (espero que no tardemos), no habrá inconveniente en trasladar la sede social. 

– ¿Qué es un marco estable?
–Cumplir la ley (el fallo nos da la tranquilidad de que esto es así); y un ambiente en el que en la participación público privada se respete no solo la ley sino las normas deconducta. El regulador se tiene que comportar y el sector privado también. Nosotros entendemos que lo hemos hecho; el regulador, en los últimos tiempos, no. El fallo ayudará a que el regulador entienda que ciertos comportamientos no los puede tener.

-Se vuelve a  hablar de remunicipalización del servicio...
–El agua, el servicio que presta Agbar, para el ciudadano del área metropolitana, no es un problema. Por tanto deberían preguntar a los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, algunos de ellos en el gobierno minoritario municipal. Es el mismo grupo que gestionó ATLL en un determinado momento y, ya sabemos qué es la gestión pública. También lo hemos visto en los cementerios y cómo se hna caído los nichos. No es casualidad ni una cosa ni la otra.

– Pero el debate existe.
–Si lo que quieren decir es que sean los funcionarios los que gestionen el servicio creo que ejemplos tenemos muchos. Por un lado, los funcionarios y por la otra los políticos, hay ejemplos como el Canal de Isabel II, o lo que ha sido la ATLL o muchos otros. Y por otro lado está Agbar, que lleva 150 años de servicio y no es un problema, con innovación, exportación a otros países.

–¿A qué se debe esta corriente?
–Yo también me lo pregunto. Yo he preguntado cuál era el problema del ciudadano y es que se no se le corte el agua. Nosotros desde el 2012 hemos aplicado el fondo de solidaridad reconocido por la propia alcaldesa de Barcelona como el mejor de todas las empresas de servicios del área. No hemos cortado el suministro a quien no la puede pagar. Y lo hemos hecho sin que nos lo requieran.

"Tenemos muchos ejemplos de que cuando un ayuntamiento ha asumido la gestión, el agua no es más barata"

-Pero, ¿en qué puede basarse?
–Hay una falacia que se usa. Se dice que el agua sería más barata. Y tenemos ejemplos en los que, cuando ha asumido el ayuntamiento la gestión, no es más barata. Muchas veces han subido tarifas, como en Arenys de Munt. En otros, como El Prat, lo que hay son subvenciones directas.

–Pero, el recibo...
 –En el recibo del agua nuestra tarifa es el 33%, el resto son costes de las Administraciones. La bonificación y solidaridad social solo la practica Agbar, porque ni el AMB con los residuos; ni la ATLL; ni la ACA ni el Ayuntamiento de Barcelona con el alcantarillado, ni por supuesto con el IVA, se hace. Y en algunos casos somos quienes pagamos esta parte del recibo. Y hablando de servicios hay algunos en los que la pobreza también ataca, como es el transporte.

"Nuestra tarifa supone el 33% del recibo, el resto son costes de las administraciones. La bonificación y solidaridad social solo la practica Agbar"

–¿Qué aporta esta política?
–Tenemos un censo real de las familias que están en situación de pobreza. Por un lado son datos que proceden de los servicios sociales de los ayuntamientos del área metropolitana, cuyo funcionamiento destaco como de los mejores; y a través de oenegés como Cáritas o la Cruz Roja. Es una base de datos que estamos dispuestos a entregar al Ayuntamiento de Barcelona para que pueda bonificar el alcantarillado; a la AMB, para que lo pueda hacer con la tasa de residuos; y si los de Transportes lo quisieran bonificar, también. Las familias son las mismas y no hay que hacer muchos estudios. Lo tenemos todo hecho y también para las eléctricas si quieren. Son  20.000 familias y un total de  más de 65.000 personas. 

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