Desconexión de la realidad
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
La principal resolución que mañana aprobará el Parlament, con el apoyo de un 53% de los diputados que representan al 47,8% de los votantes, constituye, sin duda, el mayor desafío parlamentario al orden constitucional vigente desde hace casi 37 años. Por cruda que resulte, a nadie debería enojar esta descripción, por cuanto quienes promueven tan solemne declaración no ocultan su propósito de que la Constitución y las leyes que de esta emanan dejen de regir en Catalunya, sin que un referéndum legal y vinculante haya validado su abolición. De poco servirá que la automática intervención del Constitucional suspenda jurídicamente esta proclama si quienes mediante la misma se declaran potencialmente desobedientes se sienten, lógicamente, concernidos por sus efectos políticos.
Con esta declaración unilateral de independencia (DUI) -según la definición de Carles Viver i Pi Sunyer-, Junts pel Sí y la CUP pretenden activar un proceso de desconexión de España que lo es, ante todo, de la realidad social catalana. Siempre hemos sostenido que no pocos votantes del 'sí' pretendían el 27-S, con la mejor de las intenciones, forzar al Estado a negociar. No tanto legitimar la ruptura unilateral subyacente en el programa de Artur Mas, aunque deliberadamente no explicitada y a menudo negada por sus propios portavoces. La encuesta del GESOP pone cifras a esa evidencia.
No es solo que la mayoría de los catalanes se muestren contrarios a que el Parlament «impulse actos de desobediencia» como los reseñados en la resolución; es que uno de cada cuatro votantes de Junts pel Sí, e incluso el 21% de los de la CUP, suscriben ese rechazo. Los partidarios de una consulta acordada (46,5%) más que duplican a los defensores de una DUI (18,7%), y se imponen incluso entre los votantes de los promotores de esta declaración.
Hechos consumados
¿Es democráticamente aceptable una DUI encubierta tras el fallido plebiscito del 27-S? ¿Es creíble una amenaza de desobediencia que los catalanes ni acatan ni están dispuestos a secundar? Esta espiral de hechos consumados en clave de investidura amenaza con romper platos que costará recomponer.
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