'Escrache': el averno de la barbarie

«La democracia no debe tener límites; la democracia es el límite», advertíamos desde esta modesta tribuna el 8 de febrero. Venía la admonición a cuenta de la pretensión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entonces apenas susurrada, de lanzar una campaña de «estigmatización» de los diputados del PP refractarios a la dación en pago. Pero, humilde como era, el aviso cayó en saco roto: mes y medio después, el colectivo que encabeza Ada Colau ya ha practicado el escrache en los domicilios familiares de varios diputados conservadores. No fueron ellos, ausentes, sino sus hijos y demás parientes quienes padecieron la enemiga de la turbamulta.

El escrache nació en Argentina como protesta ciudadana ante la impunidad de que gozaban los jerarcas de la dictadura, condenados por delitos de genocidio pero luego indultados por la democracia. Torturas, desapariciones, ejecuciones... Tales eran los delitos atribuidos a cuantos eran públicamente señalados por el escrache. ¿Y qué crímenes cabe imputar ahora a los diputados del PP? Pues discrepar de los postulados que con todo derecho defiende la PAH y representar la soberanía popular con la legitimidad que les confieren los casi 11 millones de votos cosechados en las últimas elecciones.

El desvarío de la derecha

La plataforma de Colau ha demostrado que, frente a la efímera efervescencia de un 15-M incapaz de galvanizar la indignación social, los ciudadanos pueden defenderse de los poderes públicos y privados si se organizan en torno a causas tan justas como la lucha contra la sangría de los desahucios hipotecarios. Pero ni el más noble de los fines justifica el empleo de medios innobles.

Al identificar a la PAH con el terrorismo etarra, la derecha incurre en similar desvarío que quienes tachan de «criminales» a los directivos de la banca. Si las palabras las carga el diablo, tras las prácticas de amedrentamiento social asoma el averno de la barbarie. La intimidación mediante la violencia, sea esta verbal o física, se dirija contra políticos juzgados como adversarios, contra minorías étnicas o contra compañeros de trabajo, resulta del todo inaceptable en una democracia civilizada.