El PSOE se enreda con el discurso territorial en vísperas del 27-S

Hay dos expresiones de las que los socialistas huyen en su discurso territorial como de la peste: 'federalismo asimétrico' y 'dos velocidades'. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ultima la oferta de reforma de la Constitución, que será su principal apuesta para las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre, pero las sensibilidades dentro del partido son difíciles de conciliar, el debate es complejo y cada palabra se mide al milímetro para no provocar heridas en los distintos territorios, la mayor parte contrarios a las diferencias de trato entre comunidades. El planteamiento se ha llevado hasta ahora de forma ordenada, sin grandes roces en público, pero en los últimos días ha bastado que la dirección se mostrara dispuesta a un pacto fiscal en Catalunya para que varios barones, que también son presidentes autonómicos, señalaran que ese no puede ser el camino.

César Luena, secretario de organización del PSOE, anunció el viernes de la pasada semana en la SER que su partido quería "impulsar" un sistema de financiación específico para Catalunya. El número dos de los socialistas no concretó en qué consistiría este instrumento y subrayó que en ningún caso abogaba por una "España de dos velocidades", pero bastó esa declaración, pensada para dar aire a un PSC que se expone a un mal resultado en los comicios del mes que viene, para que varios líderes territoriales pisaran el freno.

Primero fue el presidente de Asturias, Javier Fernández, quien tomó distancia de la iniciativa. Después, de manera mucho más directa, el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, señaló que la financiación autonómica tenía que reformarse (algo que es obligatorio por ley, ya que el sistema tiene más de cinco años de edad y está caduco), pero que en ningún caso se debía añadir otra excepcionalidad a los sistemas de Euskadi y Navarra, que "son los que son en la Constitución y son los únicos que tienen que existir". Al grupo de voces contrarias se sumó el viernes el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. "No voy a apoyar nunca un pacto fiscal con regiones que nos haga que seamos diferentes ante la ley a la hora de valorar los derechos y los deberes", declaró a Europa Press.

SIN ESTUDIO ECONÓMICO

El malestar con la propuesta va más allá. Cuando se pregunta en el entorno de Emiliano García-Page, presidente castellano-manchego, si estarían dispuestos a aceptar un pacto fiscal catalán, la respuesta es: "No, desde luego que no". Otros barones opinan lo mismo, y en la propia dirección socialista se intenta restar importancia al planteamiento. En el equipo económico de Sánchez señalan que no han hecho ningún estudio sobre el instrumento, y el responsable de los asuntos territoriales en el PSOE, el andaluz Antonio Pradas, secretario de política federal, es tajante. "Nada de eso -explica a este diario-. Queremos un cambio en el modelo que resuelva los problemas de las comunidades cuyos servicios están mal financiados. No hablamos solo de Catalunya ni de pactos fiscales particulares distintos a los ya recogidos en la Constitución".

Mientras tanto, en el PSC, que lleva en su programa electoral la negociación de un pacto fiscal basado, entre otros principios, en la ordinalidad (es decir, que las comunidades más ricas no pierdan puesto respecto a las que se benefician de la solidaridad), su primer secretario y candidato, Miquel Iceta, evita la confrontación. "Todos somos conscientes de la necesidad de un nuevo acuerdo de financiación que sea solidario pero también equitativo con respecto a quienes más aportan", señala.

LA DISTANCIA

El debate se produce en vísperas de las catalanas, donde varios dirigentes socialistas temen no solo un batacazo en esa convocatoria sino también que su "indefinición" territorial lastre sus expectativas de voto en las generales de pocos meses después, y con la relación entre Iceta y Sánchez en un momento complicado. El líder del PSC ha sido uno de los grandes defensores del secretario general del PSOE durante este año, en el que se ha visto amenazado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero en las últimas semanas dos decisiones les han separado. Por un lado, el apoyo de la mayor parte de los ediles socialistas de Castelldefels y Terrassa a la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Sánchez considera que no se hizo lo suficiente para impedir el gesto. Por otro, la intención de Iceta de gobernar en la capital catalana con Barcelona en Comú, la plataforma de la que forma parte Podemos, cuando el líder del PSOE ha prohibido a los suyos (por ejemplo, en Madrid) compartir responsabilidades con el partido de Pablo Iglesias.