La Unesco da otro toque de atención a España por el parque de Doñana

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco no ha dudado en volver a dar un serio toque de atención a las administraciones españolas por las amenazas que se ciernen sobre el parque nacional de Doñana. El organismo de las Naciones Unidas, que celebra estos días en Doha (Catar) su reunión anual internacional, mantiene el estado de alerta sobre parque a pesar de que valora los trabajos realizados para preservarlo.

Así, el organismo internacional alaba los esfuerzos de las autoridades españolas para proteger la biodiversidad y recuperar especies como el lince ibérico y algunas aves, pero considera que ese empeño flaquea en otros aspectos. Dos son los puntos que preocupan especialmente a la Unesco: el dragado del río Guadalquivir -una actuación propuesta por el puerto de Sevilla para permitir la llegada de nuevos buques de más calado a las instalaciones que afectaría a la salinidad del parque- y la proliferación de pozos ilegales, que hurtan el agua dulce necesaria para la vida en uno de los mayores humedales de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995.

El interés de la Unesco por estos aspectos no es asunto baladí, ya que en el 2011 el proyecto de un oleoducto que pretendía atravesar Doñana llevó al organismo internacional a amenazar a España con incluir el parque en la lista de patrimonio en peligro. El hecho de que las amenazas actuales que ponen en riesgo el «valor excepcional universal» del parque no tengan un impacto directo a corto plazo no significa que el riesgo de perder la categoría de espacio emblemático haya desaparecido, advierten los ecologistas.

La visita a la zona de la organización Ramsar, que asesora en cuestiones medioambientales de la Unesco, permitió entonces eludir la amenaza tras comprobar la paralización del gaseoducto, aunque los observadores instaron al Ejecutivo español a tomar cartas definitivas en el asunto.

RECOMENDACIONES / En este tiempo, las administraciones españolas parecen haber hecho los deberes en parte y, aunque el organismo internacional subraya que «se mantienen las presiones» sobre el espacio natural, ayer se limitó a aprobar una serie de recomendaciones. Así, una vez recibidos los informes del Gobierno español y diversas asociaciones ecologistas, el organismo internacional insta a España, por cuarta ocasión, a parar de forma definitiva el dragado del Guadalquivir y le pide también un «compromiso permanente» de que no se llevará a cabo para no poner en riesgo el futuro del parque.

FALTA DE COORDINACIÓN / La Unesco reprocha la «ausencia de un plan de acción para hacer frente a los niveles insostenibles de extracción de agua», que están agotando progresivamente el acuífero del que depende Doñana, así como la falta de coordinación entre las administraciones. Y critica que, en vez de aplicar la normativa para perseguir la proliferación de pozos ilegales, se trate de legalizar esta situación en el conocido como plan de la Fresa, tramitado por la Junta de Andalucía y que ordenará estas explotaciones.

La preocupación se extiende a los proyectos para modernizar los arrozales en la margen del Gualdalquivir y el mayor consumo de agua dulce; la reapertura de la mina de Aznalcóllar; la construcción de una presa en el Guadiamar -principal afluente del Guadalquivir-, y las licencias para extraer y almacenar gas del subsuelo del parque, una infraestructura que fue autorizada por el Gobierno central a Gas Natural y que la Junta de Andalucía bloqueó por el riesgo ambiental.

La Unesco mantiene que «si el continuo agotamiento del acuífero no se revierte inmediatamente, podría representar un peligro para el valor excepcional del parque», por lo que insta a España a «asegurar que no se pondrán en marcha proyectos futuros que incrementen el uso del agua si tienen impacto negativo» y a realizar una «evaluación ambiental estratégica de la cuenca» del Guadalquivir», que atienda los desarrollos agrícolas, comerciales e industriales y permita asegurar a largo plazo la protección de Doñana.

La recomendación de la Unesco concluye con una petición dirigida al Estado español para que invite a una misión de observadores que pueda realizar una evaluación sobre el terreno y emitir un nuevo informe que sería analizado por el Comité de Patrimonio Mundial en su reunión del 2015.