Manifestantes por el caso Ayotzinapa cargan contra la puerta de palacio presidencial en México

Unas decenas de personas que manifestaban por la tragedia de Ayotzinapa derribaron este miércoles con una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional mexicano durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció un "plan de provocación".

En imágenes difundidas por la cadena Milenio se observa como el vehículo impacta contra uno de los accesos, por el que luego entraron un puñado de encapuchados y aparentemente algunos familiares de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

En torno a las 9 de la mañana, varios jóvenes encapuchados llegaron a la puerta 1, que se ubica en la calle de Moneda, que es la usada habitualmente por los periodistas para acceder al Palacio, conocido popularmente como La Mañanera. El personal de seguridad bloqueó de manera inmediata el acceso a los manifestantes encapuchados y se repelió el intento de asalto con gases lacrimógenos.

Fuentes de la prensa local, narraron que parte de los manifestantes tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ella derribaron la puerta del inmueble. Una vez que tiraron la puerta de madera, los manifestantes intentaron entrar en el recinto, pero fueron repelidos por los guardias de seguridad. Como consecuencia del lanzamiento de piedras se registraron algunos destrozos en el edificio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la protesta y el intento de asalto, y delegó en el subsecretario de Gobernación un encuentro de mediación con los manifestantes. No obstante, el presidente aseguró a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que se ha avanzado mucho en la investigación. El grupo de damnificados de Ayotzinapa están siendo liderados por Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa es el que se abrió por la trágica muerte de 43 estudiantes normalistas (maestros) a manos de narcotraficantes ahora hace nueve años. Todavía no se conoce el paradero de 40 de ellos. El caso ha salpicado también a la cúpula militar, aunque el presunto asesinato es atribuido al cártel Guerreros Unidos y a policías a su servicio. No están claras las motivaciones, pero sí hay consenso en cuanto a que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes, quizá por haberlos confundido con un cártel de narcotraficantes competidor.

Una investigación de juristas internacionales y otra del Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador se enfocaron en desmontar la llamada "verdad histórica" planteada por el anterior mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que descartó la participación de mandos militares. Esa versión concluyó que los jóvenes fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados a un río, después de que Guerreros Unidos los confundiera con delincuentes enemigos. Limitó así la responsabilidad a pistoleros y policías municipales.

Actualmente, están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del Ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas. Los familiares de las víctimas acusan al Gobierno de no haber entregado toda la información que posee sobre los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero, sur). López Obrador alega que su Gobierno ya compartió con los fiscales todo el material disponible, incluyendo documentos militares y de inteligencia e interceptaciones telefónicas de Estados Unidos a Guerreros Unidos. Los jóvenes fueron secuestrados tras el secuestro de autobuses en los que viajaban a una manifestación en Ciudad de México. Solo han aparecido restos incinerados de tres de ellos.