El fondo soberano saudí que irrumpe en España, envuelto en sospechas

Hubo un tiempo en que los petrodólares de Arabia Saudí viajaban por el mundo en misión evangelizadora, financiando mezquitas y escuelas coránicas para propagar la reaccionaria doctrina wahabista que tantos estragos ha causado. Pero eran otros tiempos. En los últimos años ese dinero ha acabado en compañías de vehículos eléctricos, gafas de realidad aumentada, videojuegos o infraestructuras. Desde Uber y Lucid Motors a Blackstone o Alibaba. El cerebro de esa estrategia no es otro que el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed Bin Salmán. Y su vehículo para hacerlo, el fondo soberano saudí, el mismo que podría convertirse pronto en el mayor accionista de Telefónica y el mismo que ha sido utilizado por el 'Steve Jobs beduino' --como lo llamó un inversor japonés-- para cometer alguna de sus fechorías más sonadas.

El llamado Fondo de Inversión Pública o PIF, por sus siglas en inglés, es la piedra angular de la estrategia emprendida por Mohamed para diversificar la economía saudí, tan dependiente hasta ahora de los ingresos del petróleo. Una estrategia que busca convertir al reino del desierto en un inversor global de primer orden y, al mismo tiempo, en un polo de inversión extranjera mediante el desarrollo de nuevos sectores económicos como el turismo, el deporte o las renovables. Bautizado como Visión 2030, el plan está en marcha desde 2016 y se basa en un estudio de la consultora estadounidense McKinsey.

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Un año antes de que Visión 2030 fuera presentado, el hombre fuerte del país, hijo del octogenario rey Salmán, ya se había hecho con el control del fondo soberano, al que seguirían otros resortes del poder como el Ejército, el espionaje o la petrolera estatal Aramco, la compañía más rentable del mundo, también parcialmente controlada por el PIF. "Bin Salmán ejerce una influencia masiva sobre la gestión diaria del PIF a través de su consejo de administración", asegura un informe del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP). "De ahí que algunos observadores se refieran al fondo como 'el vehículo de inversión de un solo hombre'". El príncipe heredero no solo lo preside, sino que tiene la última palabra sobre las decisiones del consejo, como reconoció el año pasado en una entrevista Yasir al Rumayán, el banquero de inversión que gestiona el día a día del PIF.

Mayor fondo soberano del mundo

Sus intenciones son tan grandilocuentes como Neom, la ciudad que construye en medio del desierto y que "cambiará la forma de vivir en este planeta" con "taxis voladores" y "robots trabajadores". El fondo estatal tiene actualmente activos por valor de 770.000 millones de dólares, pero su plan es convertirlo en el mayor del mundo con 2 billones de dólares antes de 2030, más que el PIB de España. Un pozo sin fondo que, a ojos de sus críticos, servirá también para comprar voluntades políticas y blanquear la reputación internacional de su monarquía absoluta, como ha empezado a hacer con la organización de eventos deportivos.

En Europa las inversiones del PIF son todavía modestas, comparadas con Estados Unidos, pero es solo el principio, como demuestra la compra del 9,9% del capital de Telefónica, formalizada hace un mes a través de Saudi Telecom, una de las compañías del PIF, que controla el 64% de su accionariado. La operación está pendiente de la aprobación del Gobierno, que podría vetarla por los vínculos estratégicos de Telefónica con la defensa nacional y la ciberseguridad.

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El dilema que enfrenta el Ejecutivo es insoslayable. Porque desde que Bin Salmán se hiciera con el poder de facto en Riad, "Arabia Saudí atraviesa por uno de los peores momentos para los derechos humanos de su historia moderna", en palabras de Human Rights Watch (HRW). El brutal desmembramiento del periodista crítico Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul es solo una de las atrocidades más conocidas. "No fue un incidente aislado, sino el resultado de una creciente campaña contra los críticos del príncipe heredero y antiguos miembros de la élite, incluidos miembros de la familia real", escribe Freedom House. Una campaña que le ha permitido consolidar el poder mediante el uso recurrente de "software espía, castigos a través de terceros, detenciones, asaltos y secuestros transfronterizos en nueve países".

Vínculos con los abusos de los derechos humanos

Esa campaña salpica directamente al PIF, el fondo soberano saudí que ha comprado Telefónica. "El PIF ha facilitado los abusos a los derechos humanos y se ha beneficiado de ellos", asegura a EL PERIÓDICO la investigadora de HRW Joey Shea, quien testificó el mes pasado ante el subcomité del Senado de EEUU que investiga la fusión entre PGA Tour y LIV Golf (una de las compañías del PIF) por una posible violación de las leyes anticompetencia. "Y eso hace que las empresas que se involucren con el PIF puedan convertirse potencialmente en cómplices de los abusos", añade Shea.

Uno de los nexos apunta directamente al brutal asesinato de Khashoggi hace ahora cinco años, una operación que, según la CIA, fue personalmente aprobada por Mohamed Bin Salmán. De acuerdo con la relatora especial de la ONU que investigó el crimen, el grupo de agentes saudís que descuartizó al periodista viajó a Estambul en dos aviones de la compañía Sky Prime Aviation, una empresa de jets con sede en Riad que había sido absorbida meses antes por el PIF. Así consta en la documentación de una demanda civil presentada en Canadá por varias empresas estatales saudís contra un antiguo oficial de sus servicios de inteligencia.

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Aquella expropiación forzosa de Sky Prime se produjo durante la famosa purga del Ritz-Carlton de 2017, cuando Bin Salmán encerró durante semanas a cerca de 400 altos funcionarios, magnates y miembros de la realeza en el lujoso hotel de Riad. Durante la masiva "operación anticorrupción", como oficialmente se describió aquella campaña de arrestos extrajudiciales, uno de los asesores de Mohamed ordenó a Al Rumayán, el 'supervisor' del PIF, la transferencia de 20 compañías de los detenidos a la cartera del fondo soberano, según consta en los documentos judiciales aireados por la CNN.

Pase lo que pase con la decisión sobre Telefónica, Arabia Saudí no podrá condenar a muerte a ciudadanos españoles por expresar opiniones críticas en Twitter, como le ha ocurrido este mismo año a Mohamed al Ghamdi, un profesor jubilado saudí. Pero queda la pregunta de si podría utilizar al operador español para perseguir a voces críticas o avanzar sus intereses en política exterior. "Con 700.000 dólares en el bolsillo, el príncipe heredero puede hacer básicamente lo que quiera", dice Shea desde HRW.

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