Crisis en Brasil

Lula critica el silencio de los militares durante el intento de golpe de Estado

El malestar del presidente promete tener impacto en las complejas relaciones del nuevo Gobierno con las Fuerzas Armadas

El Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una reunión con gobernadores en Brasilia.

El Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una reunión con gobernadores en Brasilia. / EFE/ André Borges

Abel Gilbert

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La intentona golpista promete ser un punto de inflexión en las relaciones entre Luiz Inacio Lula da Silva y las Fuerzas Armadas. Al presidente brasileño le resulta por estas horas más que incomprensible el silencio de los uniformados frente a un hecho sin precedentes en la historia republicana de ese país. "Da la impresión que a los generales les gustaba cuando la gente reclamaba un golpe", dijo Lula en la noche del lunes durante una reunión con los gobernadores de los estados. Para el mandatario el problema se gestó cuando comenzaron los campamentos bolsonaristas frente a las unidades militares, especialmente en Brasilia, el escenario de la acción de la ultraderecha. "Hubo gente reclamando libremente un golpe frente a los cuarteles. Y nada se hizo. Ningún general se movió a decir: 'Esto no puede pasar, está prohibido pedir esto, esto no lo vamos a hacer'”, lamentó.

El Gobierno ha asegurado, a través del ministro de Justicia, Flavio Dino, que la situación se ha normalizado en Brasilia y ya "ha pasado lo peor" de la crisis. Sobre esa certeza, Lula prometió que "no habrá un golpe de estado". La ultraderecha “tiene que aprender” a vivir en democracia. "Una parte de la sociedad respetó la resolución de la elección nacional, pero otra no", dijo sobre el bolsonarismo.

El encuentro con los gobernadores, que, en su mayoría pertenecen a partidos opositores, parte de ellos de derecha, le permitió a Lula mostrar una imagen de unidad frente a los golpistas. Tras esa reunión, el mandatario se dirigió hacia la sede el Supremo Tribunal Federal de Justicia (STF), que fue objeto de actos vandálicos que no solo alcanzaron a ventanales, sillas y escritorios sino a obras de arte de alto valor histórico.

Certezas e incógnitas

Según el ministro Dino, la policía ha arrestado a 1500 personas. A su vez, se ha identificado en diez estados a personas presuntamente relacionadas con el apoyo económico a los que intentaron atentar contra el sistema democrático. Los sospechosos habrían financiado la contratación de autobuses para llevar a extremistas a la capital federal.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) estuvo acéfala durante la semana en la que los bolsonaristas prepararon su llamada "toma del poder". Cuando la cúpula entró en funciones, la Abin emitió varias alertas sobre el riesgo inminente. "Hubo un aumento en el número de autobuses chárter con destino a Brasilia este fin de semana. Hay un total de 105 autobuses, con unos 3.900 pasajeros", consigna un despacho citado por la prensa. "Sigue habiendo llamamientos a acciones violentas e intentos de ocupación de edificios públicos, especialmente en la Explanada de los Ministerios", añade otro, el 7 de enero, anticipándose a los hechos. ¿Lula supo de esas advertencias o se perdieron en el camino? Si las conoció, se ha conjeturado, ¿el Gobierno pudo "dejar hacer" a los extremistas su tarea para que, a pesar de los destrozos, le allanen el camino del combate contra el bolsonarismo, aunando detrás suyo a los medios, el empresariado y parte del espectro conservador?

Esa hipótesis se da de bruces con otros aspectos de una realidad compleja. Según O Globo, en las horas más difíciles del domingo, el propio Lula se mostró especialmente irritado con su ministro de Defensa, el moderado José Múcio Monteiro, quien había definido a los campamentos bolsonaristas como "una manifestación de la democracia".

El factor castrense

Esas acampadas frente a unidades del Ejército fueron desalojadas en 24 horas, pero recién sobre las cenizas que dejaron los ataques en Brasilia. Una de las dificultades prexistentes para hacerlo fue revelada por el analista Lauro Jardim: gran parte de los radicales son militares retirados o familiares de militares en actividad. "En otras palabras, el Ejército actuó de forma corporativa. No quería emprender ninguna acción contra las personas que de alguna manera estaban cerca de él". El general retirado Ridauto Fernandes, quien se desempeñó durante el Gobierno de ultraderecha como estrecho colaborador del general Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud que provocó desastres durante la pandemia, fue uno de los participantes del acto golpista en la Explanada de los Ministerios. "Quiero decir que tengo la piel de gallina", dijo emocionado. El coronel retirado, el militar Adriano Camargo Testoni también hizo acto de presencia y redobló a los gritos el pedido de intervención del Ejercito. Sobre esas informaciones es que Lula expresó su malestar con la actitud del generalato.

Por estas horas, quedó claro para Lula que las relaciones con las Fuerzas Armadas, que se han mantenido en silencio sobre los sucesos del 8 de enero, representan un problema quizá mayor que el de lidiar con una mayoría de gobernadores de la oposición o un Congreso conservador. Los uniformados fueron colmados de privilegios al punto de cogobernar con la ultraderecha. Dentro de la institución, un sector de sus integrantes no es indiferente a la prédica de Bolsonaro. Por lo demás, existe una antigua aversión al Partido de los Trabajadores (PT), que la ultraderecha trató de canalizar.

Otro frente complejo

De acuerdo con el diario Estado, Lula recibió informaciones de que entre la lista de financiadores del acto golpista hay empresarios agropecuarios y otros con conexiones en el exterior. No en vano, el domingo habló del "malvado agronegocio" que provoca desastres ambientales. Antes de explotar de rabia, Lula se había propuesto la convivencia en su Gobierno de la líder ecologista, Marina Silva, al frente del Ministerio de Medio Ambiente, y Carlos Favaro, un representante de los empresarios del sector señalado, en el de Agricultura. 

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