La invasión rusa

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El presidente ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro con las regiones del país, este miércoles.

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro con las regiones del país, este miércoles. / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK

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El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se está prolongando más de lo que muchos preveían ante la resistencia de los ucranianos y si no se dan circunstancias que ahora parecen improbables, el próximo febrero podría alcanzar un año desde que se desataran las hostilidades. Una evolución que está generando un desgaste entre ambos bandos y que ya está llevando al Kremlin a plantearse imponer la ley marcial así como movilizar a más ciudadanos para engrosar las tropas desplazadas al país vecino. 

Así lo prevé Valery Solovey, exprofesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, en declaraciones al ‘Daily Mail’. “Con un alto grado de probabilidad, la segunda etapa de la movilización se anunciará después del Año Nuevo. La segunda ola de movilización simultáneamente se impondrá con la declaración de la ley marcial en Moscú, en la segunda quincena de enero o febrero”, sostiene el experto.

El Gobierno de Vladímir Putin ya ha impuesto la ley marcial en las regiones ucranianas anexionadas: Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, esta última antes de volver al control de Kiev. La idea de Putin es aplicarla en más ciudades rusas, incluida Moscú.

Facultades especiales

La ley marcial es una norma de orden público que se puede decretar en situaciones de conflicto bélico y que concede facultades especiales al Ejército y a los cuerpos policiales y de seguridad en aras de mantener el orden público y sin necesidad de recurrir previamente a órganos judiciales.

Cuando se aplica, se limita la libertad de movimiento y expresión, de reunión y manifestación o el derecho a la privacidad en las conversaciones, entre otras. Además, implica que se impone el estado militar en todo el territorio y las funciones civiles del país quedan en manos del Ejército.

Asimismo, algunos derechos constitucionales y libertades de los ciudadanos garantizados en la Constitución del país quedan restringidos temporalmente. Además, hay restricciones eventuales a los derechos e intereses de las personas jurídicas.