Se desinfla en Perú la tentativa de golpe parlamentario contra el presidente Vizcarra

En medio de una crisis sanitaria que no cesa, con a 733.860 contagios y 30.812 muertes por coronavirus, el presidente provisional de Perú, Martín Vizcarra, ha decidido pasar a la ofensiva y desarticular la conjura en su contra que se había tramado en el Congreso. Vizcarra tomó impulso después de percibir que el intento de juzgarlo políticamente y declararlo moralmente incapaz comenzó a menguar pocos días después de que la legislatura aceptara discutir su vacancia. La sesión está prevista para el próximo viernes, pero los analistas creen que la tentativa de destitución será para entonces apenas un recuerdo.

El viernes pasado, la suerte de Vizcarra parecía ser más incierta. Había sucedido en el Ejecutivo a Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, cuando el entonces presidente decidió dimitir antes de ser destituido por el Congreso que investigaba sus relaciones con la constructora brasileña Odebrecht. La política peruana es tan inestable que, dos años después, al actual mandatario interino parecía tocarle un destino similar. Pero los acontecimientos dieron un brusco giro horas atrás cuando se supo que la principal autoridad parlamentaria, Manuel Merino, se había contactado telefónicamente con autoridades militares para avisarles que el Congreso iría por Vizcarra si obtenía los 83 votos necesarios para dar por finalizado su ciclo. La acusación que pesaba en su contra eran unos audios privados en los que el actual jefe de Estado hacía referencia a la necesidad del Gobierno de dar una explicación convincente sobre las relaciones con el ignoto productor musical Ricardo "Swing" Cisneros, a quien se lo había beneficiado con contratos estatales por unos 50.000 dólares.

"¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares, incluso, planeado pseudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia? Eso es conspiración señores", reaccionó Vizcarra. A la vez expresó su confianza en que "las verdaderas fuerzas democráticas" no permitirían su destitución cuando falta menos de un año para la realización de las elecciones generales. A la vez no se privó de recordar lo que muchos peruanos saben: el congresista Edgar Alarcón, integrante de un partido minoritario y ultranacionalista, quien dirige la Comisión de Fiscalización del Parlamento que debe acusarlo, ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de peculado doloso, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

La reacción militar

Lo cierto es que el llamado al jefe de la Marina, el almirante Francisco Cerdán no tuvo el éxito esperado. Todo lo contrario: Cerdán ni siquiera lo atendió. "Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas; sin embargo, quiero dejar en claro que no hubo en ningún momento alguna intención que se aleje del respeto al estado de derecho”, dijo Merino, pero su credibilidad se había erosionado. No obstante, el titular del Parlamento rechazó comentarios en las redes sociales sobre "un supuesto complot" contra Vizcarra.

Por lo pronto, el Frente Amplio (FA), una coalición de centroizquierda, ha presentado una moción de censura contra Merino por “violado flagrantemente el procedimiento parlamentario". Las motivaciones para promover la vacancia de Vizcarra, añadió, "no eran conocer la verdad" sobre los audios. Lo que se ha buscado, sostuvo el FA, es "precipitar una crisis política".

La crisis sigue latente

El diario La República dijo en su editorial que, tras conocerse la maniobra de Merino de concretar "un golpe parlamentario", el operativo "se ha desinflado y sus autores puestos en evidencia". Sin embargo, "la crisis sigue latente" porque "no todos los complotados han dejado las armas". En este contexto, "la salida de Merino de la presidencia del Legislativo es una condición de un juego político distinto". Si eso no sucede, "un sedicioso seguirá actuando y hablando a nombre de los 130 legisladores, y el país no podrá abocarse a los otros puntos de una agenda crítica que reclama atención urgente".