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Crisis política

Sandinistas y manifestantes opositores se enfrentan en Nicaragua

Los actos de violencia se siguen presentando en este país centroamericano, en medio de una crisis social que va en aumento

El Periódico

Manifestantes con banderas de Nicaragua participan en una marcha llamada   La Marcha de las Banderas  contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Manifestantes con banderas de Nicaragua participan en una marcha llamada   La Marcha de las Banderas  contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. / Jorge Torres (EFE)

Los conflictos sociales y políticos continúan en Nicaragua y una manifestación contra el presidente Daniel Ortega, terminó con al menos dos personas heridas en Managua, luego de que un grupo de desconocidos encapuchados que se desplazaban en camionetas abrieron fuego contra la multitud.

Según los primeros reportes, uno de los lesionados es un médico que recibió un disparo en un brazo y otro superficial en el pecho. Fuentes informaron que el herido se encuentra fuera de peligro, pero del lado de los seguidores de Ortega, también hubo un herido sin que se precisara su gravedad.

La violencia se desató al sureste de Managua cuando un hombre encapuchado que se desplazaba a bordo de una camioneta roja tipo “pick up”, disparó contra una marcha multitudinaria en rechazo a Ortega.

Tras el incidente, los manifestantes volcaron y prendieron fuego a una patrulla policial que era conducida por un policía vestido de civil, que según testigos también realizó disparos al aire. El vehículo oficial al Equipo Técnico de Investigación de la Policía, por lo que decenas de policiales se presentaron al lugar para dispersar a los manifestantes, sin que se haya informado hasta ahora sobre detenciones.

La Policía dice que son actos terroristas

La Policía Nacional afirmó que el evento de movilización se trató de un “acto terrorista que responde a la estrategia de grupos golpistas”. El cuerpo de seguridad del Estado también hizo señalamientos en contra de la Alianza Cívica, por supuestamente convocar a la manifestación, aunque la cita la habían emitido los estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

La Alianza Cívica es la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, mismo que se encuentra a la espera de una decisión de Ortega para que sea retomado o abandonado definitivamente.

Los actos violentos empezaron cuando una caravana de automóviles en apoyo al Gobierno y posteriormente un grupo de policías antimotines, reprimieron a quienes se manifestaban contra Ortega en una zona céntrica de la capital nicaragüense, sin lograr que se dispersaran.

En segundos se desataron momentos de máxima tensión entre los asistentes, cuando la manifestación opositora tuvo que dispersarse cuando se produjeron los disparos, como ocurrió en protestas de abril, mayo, junio y julio.

Las acusaciones en contra de Daniel Ortega

En un informe emitido por la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se responsabiliza al Gobierno de Ortega de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechazó el informe y el Gobierno de Nicaragua informó a una misión de la ACNUDH que su tiempo de visita en el país había culminado, por lo que el grupo del organismo internacional se vio obligado a abandonar el territorio nicaragüense.

Nicaragua atraviesa una crisis en la que se cuentan, según diversas organizaciones de derechos humanos, entre 322 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de los 80, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 víctimas mortales durante la crisis desde el pasado abril.

Llaman al Ejército a respetar a la sociedad

La Alianza Cívica de Nicaragua llamó “al Ejército para que actúe en estricto apego a la Constitución y las Leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis”.

También recordó que “cualquier acto contrario a la Constitución Política cometido por autoridad, funcionario o empleado público, constituye un abuso de autoridad o de funciones”, tras señalar que en estos casos procede la “remoción del jefe del Ejército”, es decir, de Ortega.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.