Ortega rechaza informe de la ONU sobre los derechos humanos en Nicaragua

Daniel Ortega reaccionó airadamente frente al crítico informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnudh) sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde que en abril comenzaron las protestas contra el Gobierno.  “Si el torturado es sandinista no existe”, dijo Ortega y descalificó las conclusiones de la ONU que vienen con el añadido de números escalofriantes: 300 muertos y 2000 heridos.La comisión es, para Ortega, “manejada ya sabemos por quienes, por los poderosos, por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidio sobre pueblos enteros”. Desde Ginebra, la Acnudh había sido contundente: el Gobierno es el responsable por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”. A su vez, pidió poner fin al hostigamiento, la intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes. Lamentó a su vez que las autoridades no reconozcan ninguna responsabilidad en los eposodios que enlutan al país.

“El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe, por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento”, respondió Ortega durante un mitin e insistió en la hipótesis de que en Nicaragua hubo una tentativa de golpe de Estado. “Para ellos (Acnudh) los terroristas golpistas son unos angelitos, que no torturaron a nadie, no mataron a nadie”.

La ONU acusa a Nicaragua de violaciones de derechos humanos

Valoración opositora

“Es bueno saber que el pueblo de Nicaragua no está solo”, señaló este jueves en su editorial el diario La Prensa. Para la publicación opositora, la “objetividad” del informe “se pone de manifiesto al señalar que no solo el Gobierno ha cometido abusos contra los derechos humanos, sino también manifestantes antigubernamentales”. Para La Prensa “la dictadura no ha podido engañar a la comunidad internacional, con su acusación de que los rebeldes cívicos son terroristas” porque “le propusieron a Ortega adelantar las elecciones para salir democráticamente de la crisis”.

Es bueno saber que el pueblo de Nicaragua no está soloNuevos indicios represivos

En medio de la controversia con la ONU, fue detenido por oficiales una figura histórica de la Revolución Sandinista de 1979. Carlos Brenes, coronel en retiro del Ejército Popular Sandinista (EPS), intentaba dirigirse a Costa Rica cuando la policía lo retuvo en la frontera bajo la acusación de perpetrador de terrorismo. Brenes se había sumado a la ola de descontento que también arrastró a otros protagonistas de la insurrección llevada a cabo 39 años atrás por considerar que a Ortega no le queda nada de sandinista. Su caso no es el único pero sí el más resonante de estas últimas horas debido a su trayectoria militar en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en la ciudad de Masaya. Allí, en uno de los actuales focos de las protestas de los últimos meses, fue nada menos que el brazo derecho en la clandestinidad de Camilo Ortega, el hermano de Daniel, asesinado poco antes de la caída de Somoza.  De acuerdo con Hugo Torres Jiménez, otro de los históricos sobrevivientes de la revolución, con el pergamino de haber participado en 1978 de la toma del Palacio Nacional, Ortega arrestó a Brenes para enviarle un mensaje intimidatorio a todo el espectro disidente del sandinismo.

Mientras el informe de la ONU empezaba a ser comentado en Managua, todavía se escuchaban los ecos de la primera sentencia contra dos jóvenes participantes en las protestas. Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona. Los abogados defensores Amy García y Maynor Curtis consideraron que la fiscalía “no logró en ningún momento” demostrar que tuvieran responsabilidades en lo ocurrido.