EL RETO YIHADISTA
La victoria de los Foley
Uno de los trances más dolorosos para las familias de los rehenes estadounidenses secuestrados por Al Qaeda o el Estado Islámico en los últimos años ha sido la actitud de su propio Gobierno. En casos como el de James Foley, asesinado por los yihadistas en Siria el año pasado, las autoridades llegaron a amenazar a su familia con procesarla judicialmente si trataba de pagar un rescate por su liberación. «Me sorprendió la falta compasión», le dijo Diane Foley, la madre del periodista freelance, a ABC News el año pasado. «Nos dijeron que no podíamos hacer nada mientras se apaleaba y torturaba a nuestro hijo cada día», añadió.
El desempeño de la Administración Obama durante aquellas crisis que conmocionaron al país con sus terribles desenlaces, le valió un aluvión de críticas. Las familias de los rehenes y numerosas voces de la sociedad civil reclamaron un giro de la política oficiosa que prohibe al Estado hacer «concesiones» a los secuestradores e impide además que sus familias puedan negociar un rescate. Para más frustración de las víctimas, esa política se ha aplicado caprichosamente. Porque mientras se permitía al Pentágono canjear a cinco talibanes detenidos en Guantánamo a cambio del desertor Bowe Bergdhal, se ataba las manos a los parientes de los secuestrados en Siria a base de amenazas.
CONSULTAS
Pero esas directrices están a punto de cambiar. Después de seis meses de consultas con diversas agencias de seguridad y más de una veintena de familias de rehenes, Obama aprobará este miércoles una directiva que relaja las restricciones gubernamentales y destierra de una vez la amenaza judicial para las familias que quieran negociar un rescate.
Los nuevos parámetros siguen vetando las «concesiones» significativas, pero permitirán a los representantes del Gobierno comunicarse y negociar con los captores, así como ayudar a las familias que trabajen por la liberación de los suyos.
En los cambios se ha implicado personalmente Obama que, en los últimos meses, se ha reunido con las familias de varios rehenes asesinados como Foley o el también periodista Steven Sotloff. Ochenta y dos familias fueron invitadas a participar en el proceso de revisión y 24 aceptaron. Al frente de la Fundación James Foley, la madre del exrehén, Diane Foley, ha jugado un papel determinante en este cambio de política.
También se creará un celula dedicada a coordinar los esfuerzos de las distintas agencias implicadas en resolver secuestros. Con ello se pretende acabar con la confusión y el abandono a las víctimas que se ha proyectado hasta ahora. En el caso de Theo Padnos, liberado el año pasado por Al Qaeda, el Departamento de Estado amenazó con procesar a su familia si pagaba rescate al mismo tiempo que el FBI se ofrecía a ejecutarlo. Además se designará a un diplomático para negociar con otros gobiernos.
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