Una sentencia que marca al PP y señala a Rajoy

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. / JOSEP LAGO

Mario Martín

Mario Martín

En el 2015 el Parlamento español aprobó la ley de control financiero de los partidos políticos, prohibiendo, desde entonces, las donaciones de empresas, limitando las de personas físicas e incorporando al Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos, inexistente hasta entonces.

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Este extremo es sobradamente conocido por el señor Martínez-Maíllo, vicesecretario general popular, que, a pesar de ello, no ha dudado, al comentar el fallo de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel en su primera época, en utilizar la justificación de que el PP no ha sido condenado penalmente, sino únicamente a título lucrativo, ocultando que la condena penal no podría haberse dado en ningún caso, pues en la época juzgada no existía ese delito. La realidad es que la sentencia ha dado por acreditada la existencia de una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde 1989, año de su refundación.

El PP es el segundo partido en España con una condena por corrupción, tras el caso de Convergència i Unió. La acreditación de la contabilidad 'b' en el Partido Popular en la sentencia judicial no es cuestionada ni siquiera por el magistrado que emitió voto particular sobre ella. 

El partido político que ha quedado marcado en esta sentencia judicial es el que soporta al Gobierno en la actualidad, y Mariano Rajoy, su presidente, lo es en ambos registros, además de responsable de la campaña sobre la que la sentencia acredita el desvío de fondos para gastos electorales, se habla de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, pero la implicación del tesorero nombrado como cargo de confianza por el señor Rajoy, acredita, vía sentido común, que la forma de proceder en esos dos municipios pudo ser la misma que en el resto de los 8.000 municipios en los que se planteó la contienda electoral en esa ocasión.

Luis Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel por su implicación en los hechos juzgados en esta sentencia, acumuló más de 40 millones en cuentas en el extranjero a su nombre, pero parece lógico pensar que su forma de trabajar, y el reparto de fondos realizados hasta el estallido de este caso, era de conformidad para los responsables de la formación popular, fuera para su propio uso, para gastos electorales o para presuntos ingresos en 'b' de los principales líderes del PP, más allá del testimonio aportado por muchos de ellos, incluido el señor Rajoy, como testigos en el juicio, sin llegar a convencer al tribunal.

Si Ciudadanos forzó la dimisión de Cristina Cifuentes tras el caso de su  sospechoso máster y el vídeo de un hurto de dos botes de cremas faciales valoradas en 40 euros, ¿qué debería hacer con el apoyo parlamentario que presta a un presidente de Gobierno cuyo partido político, con él al frente, ha sido sentenciado judicialmente como beneficiario de corrupción, a través de un tesorero, por él nombrado, condenado a 33 años de cárcel?

Hoy la oposición política, de un extremo a otro, debería ser capaz de buscar una solución que permitiese pasar página del Partido Popular en el Gobierno, olvidando el cortoplacismo y sus propios objetivos electorales; prueba de ello es la reacción del PP tras conocerse la sentencia, sin aceptarla, negando los hechos, siendo torticera con su interpretación,  trasvistiéndose en escapista, priorizando únicamente el hecho de ganar, para su presidente, unos pocos meses de aferrarse al poder; sencillamente lamentable.

La realidad es la que es y esta sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), marca al Partido Popular y señala a Mariano Rajoy.

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