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Los problemas sociales, en el puesto 15 del CIS

Un anciano con su cuidador en el paseo de Sant Joan en Barcelona.

Un anciano con su cuidador en el paseo de Sant Joan en Barcelona. / ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

Resulta curioso que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS publicado recientemente en los principales medios de comunicación, refleje los problemas de índole social en el puesto 15 de los que más preocupan a los ciudadanos, a pesar del inhumano y brutal recorte que el actual Gobierno de España lleva años aplicando a materias sociales como son los programas, ayudas y servicios de la Dependencia.

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Me pregunto ¿cuál puede ser el motivo? cuando los ciudadanos mayores y discapacitados que dependemos de estos servicios estamos sufriendo bárbaramente recortes en servicios y programas de la Dependencia que nos dificultan incluso el desarrollo de las actividades más básicas de nuestra vida diaria.

La explicación debe ser que esas estadísticas del CIS reflejan los problemas que más preocupan a la mayoría de la población, y como las personas Dependientes mayores y discapacitados en difícil situación social no somos mayoría, nuestros problemas nunca pueden aparecer como algo destacado ni como lo que más preocupa a la sociedad.

Sin embargo, somos un sector social que estamos sufriendo con una dureza tremenda unos inhumanos recortes presupuestarios en los servicios y programas de los que dependemos, porque para algunos políticos, cuando aparece la sombra de la crisis, los dependientes mayores y discapacitados somos uno de los colectivos a los que más fácilmente pueden recortar sin hacer ruido.

En cambio, si apareciese publicada una estadística del CIS que reflejase los grupos sociales que más duramente estamos sufriendo recortes;  los Dependientes mayores y discapacitados, apareceríamos entre los primeros de la lista, a pesar de que somos un grupo social minoritario. Y desde luego esa estadística dejaría en muy mal lugar a aquellos políticos que entienden erróneamente estos actuales recortes como políticas optimas para garantizar en nuestro país ese Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución Española en su preámbulo y en su artículo 1 proclama como voluntad a partir de valores como la Justicia y la Igualdad.

     

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