Los ataques a Sánchez son una falta de rigor al sentido de Estado

Los ataque estigmatizadores contra el gobierno de Pedro Sánchez, que sistemáticamente llevan a cabo Ciudadanos y el PP, acusándolo de pactos con el secesionismo catalán y vasco a cambio de concesiones de soberanía nacional, además de falsos son una muestra de falta de rigor al sentido de Estado que debe prevalecer en temas de tanto calado para el prestigio de España.

Son hechos a propósito y debilitan el estado de derecho y la imagen exterior de España. Los reveses que estamos sufriendo con respecto a la extradición de Puigdemont y los demás exilados es una muestra de la imagen que todavía tenemos en el ámbito judicial europeo. En la memoria permanecerá aun el caso del juez Garzón, apartado del caso Gurtel e inhabilitado de forma no convincente por escuchas no aprobadas previamente.

Las exageraciones y las mentiras terminan desacreditando a quienes la practican. Les resta fuerza moral para defender los casos que pudieran ser razonablemente a su favor, con una imagen más impoluta. La política de firmeza, mano dura en guante blanco, a largo plazo dará sus frutos, porque la ley y la fuerza que la ampara están de parte del estado de derecho, que es la nación España. El gobierno actual de la Generalitat, de acuerdo con la Constitución y el Estatut, es legítimo. Lo ampara la mayoría parlamentaria, aunque moralmente se desacredite a si mismo por arrogarse una representatividad de todos los ciudadanos catalanes.

Llamar a los ciudadanos pueblo catalán es una metáfora que se desdice de un principio republicano, suena a reinado o imperio. Los votos individuales están en su contra. Además, el soporte de su socio de conveniencia, que le califica la mayoría, es de carácter antagónico por naturaleza y declaración, ya que su fin es desestabilizar las democracias representativas e imponer un régimen asambleario en lucha permanente contra el capitalismo (léase la propiedad privada).  

Cuando los representantes de la Generalitat comentan un delito de cualquier índole deberán ser entonces acusados por los fiscales y juzgados imparcialmente por el poder judicial, tiempo habrá para comprobarlo. Actuar por convicciones de que van a delinquir, porque dicen estar determinados a seguir con los fines, que sus antecesores trataron de conseguir subvirtiendo la Constitución, sería una ilegalidad del Estado que ni siquiera Rajoy cometió. Eso está dentro de la libertad de opinión. Lo contrario es propio de los gobiernos autoritarios y las dictaduras.