"¿Cuándo legalizaron las estafas en telefonía y no hicimos nada?"

Como uno más de los millones de usuarios de telefonía móvil y fibra en España, en mi caso ya había cumplido con el “compromiso de permanencia” (qué apelativo más irónico para una 'cadena' atada contra la libre elección de proveedor de servicios esenciales.

En definitiva, a finales del mes de julio yo iba a cambiar de domicilio y quería dar por finalizado mi contrato con Orange España. Meses antes, el 7 de septiembre de 2021, había adquirido un nuevo terminal de móvil, siempre preguntando previamente a diversos operadores y en diversas llamadas si podía incurrir en un incumplimiento de permanencia en el servicio. En todos los casos, la respuesta fue un 'no' rotundo. Es más, en el propio contrato del terminal queda por escrito que “compromiso de permanencia de 24 meses importe de penalización máximo de 150,00 € en la línea móvil”.

Semanas antes de cerrar mi contrato de fibra, e incluso en el mismo momento en que pedí el citado cierre de la línea, volví a preguntar a los operadores si incurría en una penalización por permanencia. La respuesta a la pregunta siempre fue la misma: “no”.

Tras mi baja definitiva en la línea de fibra, a finales de julio, me encuentro con la desagradable sorpresa de que Orange pretende cobrarme, por penalización de permanencia, nada menos que 526,98 euros, incluyendo los 150 euros de la línea móvil. Es decir, que se había puesto en marcha la maquinaria recaudadora de Orange España, para sablearme con todas sus argucias 'alegales', aduciendo que todo está escrito en los contratos, eso sí, con una letra tan pequeña que ni siquiera puede leerse con lupa.

Tras diversos mensajes en redes sociales, conseguí que me abrieran una reclamación, pero siempre con la misma respuesta: “todo queda escrito en los contratos”. A mi incesante reclamación para obtener una copia de las grabaciones realizadas por los operadores, como prueba de que los operadores afirman que no existía tal penalización, la respuesta ha sido el silencio.