Sector en crisis

España pedirá a la UE la revisión de las directivas sobre competencia desleal en el campo

El ministro Planas presiona a las autonomías para que endurezcan los controles sobre los precios que perciben los agricultores

MULTIMEDIA | Radiografía del campo en España en 23 gráficos

DIRECTO | Huelga de agricultores: última hora de las protestas y las carreteras cortadas

Protestas de agricultores en Logroño

Protestas de agricultores en Logroño / raquel manzanares

María Jesús Ibáñez

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se sentará el próximo lunes en la mesa junto con sus homólogos de la Unión Europea con un paquete de nueve peticiones de reforma con las que espera apaciguar los ánimos de los agricultores y ganaderos españoles. Y ya puestos, también los de otros países de la UE, que llevan semanas movilizados. Planas, que este lunes ha trasladado a los consejeros autonómicos del área cuáles serán sus propuestas, ha instado también a las comunidades a que arrimen el hombro, ante la tercera semana de protestas en carreteras y ciudades. Entre las medidas que España considera prioritario adoptar figuran, por ejemplo, la revisión de las directivas sobre prácticas comerciales desleales o la de que las cláusulas espejo tengan mayor reflejo en la normativa comunitaria para evitar la competencia de terceros países que producen alimentos sin aplicar las estrictas exigencias europeas.

El paquete se completa, según ha detallado el ministerio, con la petición de que se derogue este 2024 la rotación de cultivos prevista en la política agraria común (PAC), la de que se elimine la obligación de dejar superficies no productivas o en barbecho (la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha dado una moratoria para este año), la de que se suprima también la exigencia de la foto georreferenciada en la declaración de la PAC y la de que se amplíe el catálogo de ecorregímenes para tener en cuenta a las zonas especialmente áridas y la de que el cuaderno digital sea voluntario.

Además, Planas insistirá en cambios a corto plazo en la condicionalidad reforzada (una de las cuestiones más controvertidas de la última reforma de la PAC) y en introducir flexibilidades en los planes estratégicos. Estas nueve medidas forman parte, de hecho, del plan de choque que el ministro acordó la semana pasada con las principales organizaciones agrarias, esto es Asaja, COAG y UPA. El encuentro ministerial del 26 de febrero tiene como punto clave del orden del día la "necesidad de respuestas rápidas y estructurales a la situación de crisis actual en el sector agrario". España ya ha enviado el documento a la Presidencia de turno del Consejo de la UE y al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. 

Imposible sin las autonomías

Planas ha citado a los consejeros autonómicos a una reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para reclamarles también que refuercen, entre otros aspectos, "los controles de inspección sobre el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria, lo que implica que deben velar porque los productores no estén vendiendo a pérdidas, es decir por debajo de los costes de producción". "Hay autonomías que ya lo hacen, pero otras lo están haciendo menos", ha indicado el ministro en una comparecencia antes del inicio del encuentro.

En la reunión Planas ha aprovechado para pedirles su respaldo en la puesta en marcha de las 18 medidas del plan de choque. Como ejemplo, ha citado Planas, "es competencia de las autonomías coordinar las actuaciones para que en una explotación se haga una sola inspección al año", ha dicho. "También se puede trabajar en cuestiones como el calendario de las diferentes convocatorias de ayudas o de programas, por ejemplo las dirigidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con el fin de darles certidumbre y seguridad", ha subrayado.

El titular de Agricultura también ha reclamado a las comunidades que apoyen en formación y asesoramiento a los productores sobre la introducción voluntaria del cuaderno digital de campo. Y les ha instado a incrementar sus aportaciones al sistema del seguro agrario, que los productores exigen reformar para poder hacer frente en mejores condiciones al cambio climático. "La Administración del Estado aporta 284,5 millones de euros para la bonificación de primas, entre el 30% y el 40%... Pero hay autonomías que apenas llegan al 3%", ha señalado Planas.