Reunión con las organizaciones agrarias
El ministro Planas anuncia un plan de 18 medidas, pero el campo mantiene las movilizaciones
El Ejecutivo creará una nueva agencia para dotar de mayor control a la venta a pérdidas y hará voluntario el cuaderno digital de explotación
Luis Planas: "En Europa no siempre se ha escuchado a los agricultores"
Protestas en el campo: Burocracia, relevo generacional, PAC... Los agricultores explican sus motivos

Luis Planas, ministro de Agricultura, durante la reunión que ha mantenido con las organizaciones profesionales agrarias, en la sede del ministerio. / José Luis Roca


Sara Ledo
Sara LedoPeriodista
Periodista de economía en El Periódico desde 2018. Escribo sobre energía, industria y turismo. A veces también telecos.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado un plan de 18 medidas para dar respuesta a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, tras la reunión con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA celebrada este jueves. La propuesta responde a las principales quejas del sector: refuerzo de la ley de cadena alimentaria, simplificación administrativa, defensa en los foros internacionales de las cláusulas espejo o el compromiso del Gobierno al apoyo público a los seguros agrarios.
Las organizaciones han valorado el anuncio como "un paso adelante", a falta de concretar las actuaciones a nivel técnico en distintos grupos de trabajo a partir de la semana que viene, pero mantienen las movilizaciones previstas hasta el 26 de febrero. "Cosas que antes parecían imposibles, ahora parece que son viables, de lo cual nos felicitamos, pero faltan muchas cosas", ha resumido el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
Entre las principales medidas anunciadas destaca la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que en la práctica supone dar un "rango mayor" y, por tanto, también incrementar "los recursos y la capacidad de control e inspección" de la actual Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) con el fin de poner coto a la venta a pérdidas de la que se queja el sector.
En marzo se prevé celebrar un Consejo asesor con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas para "identificar los sectores donde se debe llevar a cabo con carácter preferente las inspecciones de oficio". Las inspecciones de la actual AICA se realizan a partir de denuncias individuales o colectivas, a través de las organizaciones agrarias, o mediante actuaciones de oficio.
Desde 2014 hasta 2022, AICA ha gestionado 6.717 inspecciones de oficio, mientras que ha habido apenas 405 denuncias, según datos de este organismo. En el año 2022, el último del que hay registros públicos y cuando ya estaba en vigor la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, hubo 929 inspecciones de oficio y 78 denuncias desde organizaciones agrarias. Además, la nueva agencia empezará a publicar el monto total acumulado de las sanciones graves y muy graves.
Por otra parte, también ha anunciado el ministro el carácter voluntario del cuaderno digital de explotación, que comenzaba a ser obligatorio a partir de septiembre de este año. No obstante, se "incentivará" su puesta en marcha "dada la importancia de esta herramienta para el futuro". El ministro lo ha llegado a comparar con un 'smartphone' para un usuario.
Las reclamaciones del campo no dependen solo del gobierno central, sino que necesitan también de la actuación de las comunidades autónomas e instituciones europeas. Sobre las primeras, Planas ha avanzado un refuerzo de la "coordinación", así como una iniciativa para impulsar la contratación de jóvenes al campo. Con las autonomías se reunirá este lunes en el marco del Consejo Consultivo de Agricultura, que se celebra habitualmente antes de los Consejos europeos del ramo. Y en la primera quincena de abril prevé convocar el foro de la ganadería extensiva.
Propuestas en Europa
De cara a Europa, el primer reto es el próximo Consejo europeo de Agricultura, que se celebra el 26 de febrero y al que Planas llegará con la maleta llena de propuestas para favorecer al sector. Entre ellas, la "flexibilización" de algunas de las condiciones necesarias para cobrar la PAC (Política Agraria Común), así como la simplificación de la carga administrativa a la que están sujetos agricultores y ganaderos.
Planteará, por ejemplo, la eliminación de fotografías georeferenciadas en las declaraciones a facturar o el establecimiento de un régimen simplificado para los pequeños agricultores, como existía en la PAC anterior, hasta un total de 5.000 euros. También, la ampliación del catálogo actual de ecoesquemas para tener en cuenta zonas especialmente áridas.
Má a largo plazo, con vistas a la próxima legislatura europea, tratará de impulsar la "actualización" de la directiva europea relativa a prácticas comerciales desleales.
Cláusulas espejo
Por otra parte, se ha comprometido a defender en "todos los foros internacionales" el principio de reciprocidad de productos fitosanitarios --lo que se conoce como 'cláusulas espejo'-- para evitar que productos que están prohibido en la Unión Europea lo puedan utilizar en este espacio terceros Estados.
Además, instará a la Unión Europea a reforzar la Unión Aduanera y reorganizará la inspección en frontera en España para "mejorar los controles", en relación a las quejas por la entrada de productos de otros países como Marruecos. Y "cuando sea necesario" para plaguicidas que no estén autorizados en la Unión Europea y la Comisión Europea no haya establecido un límite máximo de residuos, España lo establecerá en cero.
Por último, el ministro se ha comprometido a mantener un apoyo de 284,5 millones de euros en 2024 de los seguros agrarios con la adaptación de las líneas de ayudas en función de las "circunstancias climáticas".
Transición ecológica
A todas estas medidas ha añadido el ministro el mantenimiento de los incentivos al gasóleo profesional que ya estaban en vigor, así como la vigencia durante todo este año de las deducciones del 35% de la factura del gasóleo y de un 15% de los plásticos y fertilizantes en el IRPF.
Las organizaciones agrarias han aprovechado el encuentro para quejarse de que han solicitado varias veces reunirse con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre temas que afectan a su departamento como la sequía, el agua o la relación entre la fauna salvaje y la ganadería extensiva sin ningún éxito.
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