Mercado laboral

Semana clave en Trabajo: esta será la cronología para reformar el subsidio del desempleo

Gobierno y sindicatos acuerdan subir el SMI de 2024 un 5%, hasta los 1.134 euros

¿A quién beneficia la subida del SMI a 1.134 euros en 2024?

Madrid propone que el Estado bonifique la Seguridad Social a los trabajadores en vez de subir el salario mínimo

YOLANDA DÍAZ

YOLANDA DÍAZ / ana cabanillas

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Semana clave en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El departamento que comanda Yolanda Díaz tiene previsto firmar esta semana con los sindicatos el acuerdo anunciado el viernes para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5%, hasta los 1.134 euros al mes por catorce pagas, e iniciar la negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar el subsidio por desempleo tras el rechazo del Pleno del Congreso, con los votos de Podemos, PP y Vox.

La reforma del subsidio por desempleo fue diseñada por el Gobierno sin el concurso de los agentes sociales porque debía aprobarse antes del 31 de diciembre de 2023 para que España pudiera solicitar el cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá la recepción de otros 10.000 millones de euros, según explicó la ministra tras la fallida aprobación parlamentaria. Pero una vez que el Congreso ha frenado su tramitación, la vicepresidenta segunda ha convocado con urgencia a los agentes sociales este lunes para negociar la reforma. 

"Ahora sí, abriremos la mesa de diálogo social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales", afirmó Díaz, quien acusó a Podemos de haber "golpeado" a los trabajadores "de la mano de PP y Vox" al votar en contra de la convalidación de una reforma que ampliaba la cobertura y las cuantías del subsidio. Esta prestación, que cobran las personas cuando ya han agotado la prestación contributiva, se diseñó con el objetivo de que entrara en vigor el próximo 1 de junio, con lo que la no convalidación de la misma no tendrá un efecto inmediato en el sistema de protección por desempleo asistencial.

Pero el decreto donde se regulaba incluía además otras cuestiones que sí hubieran entrado en vigor y han decaído, como la ampliación del permiso de lactancia o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales, que el PSOE había pactado con el PNV a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Qué planteaba la reforma

La reforma que se ha quedado en el tintero elevaba el importe del subsidio durante el primer año de percepción, lo hacía compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación e iba ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios. En concreto, la reforma elevaba el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

En lo que se refiere al subsidio para mayores de 52 años, su cuantía se mantenía en el 80% del Iprem, pero se rebajan gradualmente, desde el 125% actual, las cotizaciones de la Seguridad Social por la contingencia de jubilación durante la percepción del mismo. Así, en 2024 la base de cotización sería equivalente al 120% de la base mínima del Régimen General vigente en cada momento; en 2025 equivaldrá al 115%; en 2026 al 110%, y en 2027, al 105%. Además, incorporaba también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.

Qué disgustaba a Podemos

La razón principal del rechazo al decreto del Gobierno de Podemos es esa rebaja del porcentaje que el Estado cotiza a la Seguridad Social a favor de los mayores de 52 años, del 125% actual al 100% porque cotizar sobre una base mayor o menor determina cuál será la cuantía de la pensión en el momento de la jubilación. El Gobierno defiende que mantener el 125% puede provocar un desincentivo a aceptar un empleo que ofrezca una remuneración mínima si el parado entiende que siguiendo en el paro obtiene una cotización mayor a la Seguridad Social, que paga el Estado y añade que tras la subida de más del 45% que ha experimentado el SMI en los últimos años, ya ha perdido sentido practicar una sobrecotización del 125% de la base mínima.

Los sindicatos coinciden en la lectura de ambos, Gobierno y Podemos, y van a proponer el lunes que se mantenga la sobrecotización del 125% para los parados de larga duración mayores de 52 años. Pero además, que los empleos con una remuneración equivalente al salario mínimo interprofesional también coticen sobre el 125% de la base mínima. En la solución que proponen los sindicatos, el empresario cotizaría sobre el 100% de la base de cotización y el Estado complementaría el 25% restante con dinero público.

Reunión sobre las pensiones

Además de la firma del acuerdo del salario mínimo y de la apertura de la mesa para la reforma del subsidio por desempleo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado para el lunes, una reunión de la mesa de diálogo social de pensiones. Se trata de una reunión de la mesa técnica anunciada por la ministra Elma Saiz tras la reunión que mantuvo a mediados de diciembre, al poco de llegar al cargo, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

En aquella reunión se abordaron, entre otros temas, la puesta en marcha de la cotización y protección de prácticas formativas; la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas, así el desarrollo de los acuerdos del pacto de convenios en relación con la Incapacidad Temporal. La ministra se comprometió además a seguir avanzando en la equiparación de derechos en el ámbito de la Seguridad Social en el colectivo de empleadas de hogar para que a partir 2024 tengan el mismo tratamiento en sus lagunas de cotización que el resto de trabajadores.