Patronal y sindicatos reclaman al Gobierno que compense la subida del salario mínimo en las contratas públicas

El Ministerio de Trabajo ha celebrado este jueves la primera reunión con patronal y sindicatos para tratar de pactar cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024. Hoy está en 1.080 euros brutos (en 14 pagas). El cónclave ha finalizado sin acuerdo, tras casi tres horas de conversaciones, y si bien las partes no han llegado a concretar cifras, un incremento del 4% sería, de momento, la cifra que más consenso podría generar. Patronal y sindicatos han hecho frente común para reclamar al Ejecutivo que compense el incremento del salario mínimo en las contratas públicas.

El Ministerio de Trabajo ve margen para llegar a un acuerdo tripartito con los agentes sociales para una subida del salario mínimo del 4 % en 2024. Una cifra que permitiría a los tres millones de empleados que perciben este suelo salarial mantener su poder adquisitvo. Y que Trabajo trata de vincular con las cuantías pactadas de manera bilateral entre patronal y sindicatos para actualizar los convenios colectivos. Lo que implicaría subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.123 euros mensuales brutos desde los 1.080 euros actuales.

La patronal CEOE propone subir el salario mínimo de 1.080 a 1.112 euros en 2024

No obstante, las posturas no están para alineadas. Si bien la patronal no ha dado un portazo a ese 4% que baraja Trabajo, insiste en que el incremento del SMI no puede atrapar los márgenes de aquellas empresas que han asumido contratos públicos a un precio y que ahora este se va a ver incrementado por el aumento del salario mínimo. "Se ha plasmado la necesidad por nuestra parte de indexar los contratos públicos al SMI, con el apoyo de los sindicatos", afirman fuentes de la CEOE.

Por ejemplo, la Administración licita la limpieza de sus edificios mediante contratos públicos. Estos recogen un precio, en base a varias variables. Una de ellas es el coste de la mano de obra. Gran parte de las empresas del sector pagan a sus limpiadoras directamente el salario mínimo, ya que habitualmente gana la contrata aquella empresa que pueda ofrecer un menor precio. Y cuando de un año a otro sube el salario mínimo, las empresas ven aumentar su masa salarial, pero no así el dinero que reciben de la Administración.

Aquí los agentes sociales piden romper con la indexación de contratos públicos y que las distintas entidades puedan revisar sus pagos y abonar más dinero público a esas empresas para cubrirles ese coste adicional.

Los sindicatos tienden la mano a la CEOE

UGT ha tendido la mano a los empresarios en este sentido, en aras de alcanzar un pacto tripartito, algo que no se produce desde 2020. No obstante, esa revisión de los contratos públicos debería asegurar que el dinero adicional que pondrá la Administración vaya destinado a subir los salarios de los empleados de la contrata (y que esta no se quede parte para lucarse), además de "garantizar la estabilidad en el empleo", según ha reclamado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

CCOO ha coincidido en esa desindexación de las contratas públicas, ya que "sería muy importante que [la negociación] pudiera finalizar con un acuerdo". Si bien tras la reunión han reclamado un incremento más ambicioso que ese 4% que baraja Trabajo, ya que "los alimentos básicos de la cesta de la compra se han encarecido un 5%", según ha destacado la secretaria de acción sindical, Mari Cruz Vicente.

La desindexación de los contratos públicos que reclaman al Gobierno los agentes sociales trasciende la esfera del Ministerio de Trabajo. Y es que ahí entra el Ministerio de Hacienda, competente en dicha materia y con el que Yolanda Díaz deberá tejer complicidades si quiere que los empresarios le avalen la subida que puedan llegar a consensuar.

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a citar a los agentes sociales el próximo lunes 11 de diciembre. Durante esas dos semanas habrá aproximaciones bilaterales entre las partes y en el seno del Gobierno, donde esta nueva subida del salario mínimo interprofesional puede ser otro nuevo foco de disenso, como ya lo fue el año pasado -no se llegó a aprobar hasta febrero- y durante el anterior.