Los afectados por la repetición de oposiciones a la Generalitat empiezan a cobrar los 90 euros de indemnización

El Govern ha empezado a abonar los 90 euros de compensación a los 9.411 afectados por la repetición de las oposiciones para acceder a un empleo público en la Generalitat de Catalunya. Así lo confirman a EL PERIÓDICO fuentes de la 'conselleria' de Presidència, que detallan que entre el martes y el jueves de esta semana todos los participantes del fallido proceso de selección celebrado el pasado 29 de abril.

También está previsto que los participantes conozcan esta semana o a mucho tardar la que viene las notas de la repetición -que tuvo lugar el 1 y 8 de julio- y si han obtenido o no una de las 1.825 plazas en liza, según apuntan fuentes sindicales consultadas.

La Generalitat reclamará al menos 1 millón de euros a la empresa del fiasco de las oposiciones

La administración catalana desembolsará cerca de 850.000 euros para compensar el perjuicio causado por el caos organizativo de las oposiciones. Oposiciones multitudinarias cuya gestión por primera vez externalizó la 'conselleria' y que se saldó con un fiasco sin paliativos que obligó a repetir las pruebas ante la amenaza de impugnación de los resultados y que forzó la dimisión de la entonces directora general de Funció Pública, Marta Martorell.

La conselleria de Presidència se vio obligada a repetir las pruebas, ya que durante las mismas se produjeron multitud de irregularidades. Las aulas estaban masificadas, lo que facilitaba el plagio; los vigilantes eran escasos y ello, además, dificultaba que los opositores pudieran ir al lavabo; y el uso de teléfonos móviles fue habitual, cuando están prohibidos. Ante la posibilidad de que cualquier persona impugnara el resultado de las pruebas, la Generalitat pactó con los sindicatos repetirlas.

Parte de ese presupuesto para la indemnización viene de los propios participantes, ya que tuvieron que abonar una tasa para presentarse al examen que oscilaba entre los 56 euros de la ordinaria hasta los 12,05 euros en el caso de un aspirante con familia numerosa o monoparental. Solo cobrarán aquellas personas que finalmente se presentaron al examen, es decir, 9.411 de las 13.581 personas inicialmente apuntadas, según datos de la Generalitat.

El personal que vigiló el fiasco de las oposiciones solo recibió 90 minutos de formación

En paralelo, la administración catalana prosigue su expediente contra la empresa Cegos, a quien adjudicó el contrato público para vigilar las pruebas y la custodia de los exámenes. La Generalitat aspira a reclamar más de un millón de euros en concepto de daños y perjuicios y Cegos ya ha judicializado el proceso. Desde el 20 de noviembre que está presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior Justicia de Catalunya (TSJC) y serán los magistrados quienes deberán determinar la responsabilidad de una parte y la otra en el fiasco y quien deberá asumir el coste del mismo.

Macro proceso de estabilización

Las 'macro oposiciones' repetidas se enmarcan dentro de un proceso extraordinario de estabilización en la función pública. Después de varias reprimendas por parte de la justicia europea, el Gobierno aprobó una norma para forzar a las distintas administraciones a que estabilizaran a los miles de interinos que desde hace años estaban empleados sin plaza. La Generalitat ya ha consolidado por la vía directa de los méritos, es decir, sin requerir examen, a unos 9.400 temporales de los departamentos. Casi el 90% de aquellas personas que llevaban más de cinco años de interinos han logrado retener su plaza, según datos de la propia Generalitat.

Las oposiciones repetidas, cuyas notas definitivas se conocerán entre esta semana y la que viene, combinan experiencia acreditada con el resultado de un examen teórico. Por ley, antes de finalizar el año deben estar adjudicadas las plazas. Lo que permitirá realizar un primer balance más exhaustivo sobre cuántos de los interinos que llevaban años desempeñando sus funciones sin garantías de estabilidad logran retener la plaza que ocupaban. También para medir hasta qué punto se ha reducido la temporalidad en el sector público, que supera con creces la del sector privado y, según los últimos datos de la EPA, se enfila por encima del 30% del total de asalariados del sector público.

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